Irresponsable oposición

De irresponsable se puede calificar el argumento que la oposición y, de manera especial, el PSOE ha utilizado para obstaculizar las 25 leyes que el Gobierno aprobó la pasada semana en el Consejo de Ministros y entre las que se encuentran medidas de gran importancia, como la de Garantía Juvenil, clave en la lucha contra el paro. El argumento aducido es que el decreto ley con el que aprobó este paquete de medidas «desborda todos los márgenes que establece la Constitución para poder legislar de forma extraordinaria». Quien así se expresa es la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, una apreciación del todo inexacta –la Constitución nada dice al respecto– y a la que le sobra mucho tremendismo. Por dos razones. La primera porque está entre las atribuciones del Gobierno aprobar medidas que considera estratégicas a través de una ley de este rango. Nadie se debería escandalizar de aplicar un programa, máxime si dispone de la mayoría suficiente para hacerlo. Hay que recordar que Zapatero puso en marcha, en 2010, un paquete de medidas urgentes, que contó con el apoyo de los partidos que ahora se oponen, lo que da algunas claves de sus intenciones. La segunda, porque el real decreto ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia debía aprobarse lo más rápido posible para, a continuación, ponerlo en marcha. Para ello requiere de convalidación por parte del Poder Legislativo en un plazo breve. En este caso, será debatido el jueves. Estaba comprometido cerrar el curso parlamentario con una serie de medidas, las reformas de «segunda generación» para impulsar el crecimiento. La portavoz socialista tilda la aplicación urgente de estas medidas muy frívolamente como un «abuso de su mayoría absoluta de forma caciquil». Pero lo realmente alarmante es que entre las razones para obstruir este paquete de medidas se hable de que su amplitud (consta de 172 páginas y modifica 25 leyes que afectan a nueve ministerios) impide su estudio y debate. El PSOE ha anunciado que va a recurrir al Tribunal Constitucional, opción que no tiene visos de prosperar porque no conlleva la suspensión de la Ley (algo que sólo sucede en caso de que sea interpuesta por el Gobierno) y porque es improbable que se admita a trámite, ya que estas medidas no crean ningún daño irreparable. Sin duda, es una obstrucción que, afortunadamente, no servirá de nada. Porque lo sustancial de toda esta escaramuza es que el Gobierno dispone de 1.887 millones que servirán para bonificar a empresas que contraten a jóvenes con un descuento de 300 euros al mes en las cotizaciones de la Seguridad Social o que habrá una rebaja fiscal a autónomos con ingresos inferiores a 15.000 euros anuales y cuyas retenciones pasarán del 21% a 15%. Medidas que hay que poner en marcha cuanto antes mejor.