La agresión a la democracia no admite indulto

La Junta de Fiscales de la sección Penal del Tribunal Supremo ha dictaminado su oposición a que se conceda el indulto a los antisistema que provocaron disturbios en torno al Parlamento de Cataluña en junio de 2011 e impidieron el paso a los diputados, alterando gravemente el desarrollo del pleno. Todos ellos fueron condenados a penas de tres años de prisión por un delito contra las instituciones del Estado. En efecto, la Cámara autonómica catalana es una institución del Estado español, por más que su actual mayoría parlamentaria actúe a espaldas de la Ley. La argumentación de los fiscales contra la concesión de los indultos solicitados es impecable y nos remite a los principios democráticos sobre los que se rige la vida pública española. Estamos, según dice el dictamen, ante una pena de cárcel justificada porque se trata de un delito que atenta directamente contra los fundamentos de la democracia representativa. Conviene que todos tengamos en cuenta la trascendencia de las acciones cometidas por unos energúmenos, sobre todo cuando desde los sectores de la izquierda populista se trata de desvirtuar el sistema parlamentario, con apelaciones a la «democracia directa» y a su expresión asamblearia. Las instituciones democráticas son unos de los pilares en los que se asienta nuestro sistema de libertades.