La banda terrorista que conocimos ha dejado de existir

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La detención en el sur de Francia de los dos principales responsables de la banda etarra que aún estaban en libertad, Iratxe Sorzabal y David Pla, no es un golpe policial más a la organización terrorista vasca, sino que supone su práctico desmantelamiento final, tal y como ha destacado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al dar cuenta a la opinión pública de la brillante operación conjunta llevada a cabo por la Guardia Civil y la Policía francesa en la localidad de Saint Etienne de Baigorri. Aunque en materia de terrorismo nunca se debe cantar victoria, lo cierto es que la ETA que conocimos y que tanto daño ha causado a España y a la consolidación de nuestra democracia ha dejado de existir. No en vano la operación de ayer fue bautizada con el nombre del primer agente de la Guardia Civil asesinado por ETA en 1968, José Pardines Arcai, en la convicción de que la caída de la última cúpula de la banda era el fin de su capacidad operativa. Los Cuerpos de Seguridad del Estado estiman en menos de una veintena el número de etarras aún activos, sin que entre ellos se encuentren responsables de peso capaces de reorganizar la red terrorista. Ni siquiera se considera que el veterano José Antonio Urruticoechea, alias «Josu Ternera», que permanece huido, sea una amenaza en ese sentido. Por supuesto, las autoridades policiales españolas y francesas mantendrán la presión sobre los restos de la banda hasta que ésta se disuelva y entregue las armas. Sólo a partir de ese momento se podrá dar por definitivamente acabada la amenaza etarra y será posible abordar un cambio en la política penitenciaria, lo que en ningún caso puede suponer el perdón de los asesinos, tal y como se plantea desde diversos sectores del nacionalismo vasco, empeñados en una imposible y falaz equidistancia entre una banda de matarifes y un Estado de Derecho como es España. Dejar de asesinar no es un acto que deba conllevar ventaja alguna. El camino que deben seguir los presos etarras está claramente marcado por las leyes y el reglamento penitenciario: arrepentimiento, colaboración con la Justicia y reparación en lo posible del daño causado. No es posible olvidar que de los más de 800 asesinatos cometidos por la banda todavía quedan más de trescientos casos por esclarecer, sin que las víctimas hayan podido tener el consuelo de que se les haya hecho justicia. Y no se trata de ejercer venganza alguna, algo incompatible con una sociedad que vive en una de las democracias más avanzadas del mundo, sino del cumplimiento de la Ley. Desde que, hace cuatro años, la banda comprendió que había sido derrotada policial, social e ideológicamente –entre 1999 y 2011 las Fuerzas de Seguridad del Estado descabezaron sucesivamente hasta siete cúpulas de ETA– y decidió declarar un «cese definitivo de la violencia», los terroristas y sus cómplices políticos han tratado sin ningún éxito de blanquear su historia de crímenes y de que se les reconozca una especie de plano de igualdad con el Estado. No hay caso. El final de la banda no puede ser otro que el que exige la recta aplicación de la Ley y la salvaguarda de la memoria de las víctimas. La inmensa mayoría de los españoles no entendería que unos asesinos despiadados consiguieran imponer su versión de lo sucedido frente a la verdad histórica: la justificación de la violencia frente al ejercicio de la libertad y la democracia.