La comunidad internacional debe evitar el estallido de Venezuela

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha reconocido que la situación que se vive en Venezuela podría obligar a la institución interamericana por antonomasia a aplicar la «carta democrática», lo que supondría la expulsión de Caracas como miembro de la organización. La causa última sería la ruptura de la tutela judicial efectiva, una vez que el Tribunal Supremo venezolano ha perdido su legitimidad de origen, cooptado por el Gobierno de Nicolás Maduro. Una medida de este tipo sólo tiene un precedente en 2005, cuando se aplicó la carta a Ecuador, aunque con la salvedad de que se hizo a petición del propio Gobierno ecuatoriano, enfrentado al Congreso por la destitución arbitraria de los jueces que componían el Tribunal Constitucional. Si bien es conocida la reluctancia de la OEA a enfrentarse a los gobiernos, Venezuela se halla al borde de un estallido civil y es preciso que las instituciones internacionales actúen decisivamente para restablecer el pleno ejercicio de la democracia. Planteamientos tibios como el de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat) –cuyo bloque europeo preside el socialista Ramón Jáuregui– que no van más allá de una apelación genérica al respeto a la legalidad democrática, sin citar el caso específico, sólo sirven para dar cobertura al régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, los hechos no pueden ser más evidentes de la ruptura de la legalidad constitucional en Venezuela, al menos desde que el pasado 6 de diciembre la población, por abrumadora mayoría, dio el triunfo electoral a la coalición opositora, que obtuvo los tres quintos de la Asamblea Nacional. Ante la apabullante derrota, el Gobierno de Maduro, aprovechando el interregno entre las legislaturas, hizo cambiar la composición del Tribunal Supremo, nombrando como magistrados del mismo a miembros del partido socialista bolivariano que no tenían siquiera formación judicial. A partir de ese momento, el Alto Tribunal ha venido anulando todas las decisiones legislativas de la Asamblea, además de dar cobertura jurídica a la adopción de medidas excepcionales por parte del Gobierno que restringen las libertades ciudadanas y permiten las acciones arbitrarias de las Fuerzas de Seguridad. Pero la intervención internacional, a la que un régimen populista como el de Maduro es especialmente sensible, deviene aún más urgente ante el proceso revocatorio del presidente –para el que se han conseguido casi dos millones de firmas en un tiempo récord– y las amenazas de algunos gobernadores bolivarianos de hacer públicas las identidades de los firmantes, convirtiéndolos en blanco fácil de represalias. Ya ocurrió en el anterior intento de revocar a Hugo Chávez, cuando la llamada «lista Tascón» se convirtió en el instrumento para echar a la calle a los funcionarios que habían firmado, expropiar propiedades o retirar ayudas y becas. Con todo, lo más grave es que el presidente Maduro sigue fugado de la realidad y se empeña en denunciar una supuesta agresión exterior –ayer se cebó una vez más con el Gobierno de Mariano Rajoy y los medios de comunicación españoles– para justificar la penuria económica y social a la que ha llevado a su país. Venezuela, con las estructuras productivas hundidas –incluida la producción petrolera–, la inflación desbocada y una corrupción institucional endémica, no tiene otra salida que acabar con el experimento socialista y retornar a la plena democracia.