La Fiesta debe continuar

Hace tiempo que el nacionalismo catalán dibujó lo que debía ser un país ideal: en él no tendría que haber huellas de su histórico vínculo con España. De manera metódica, desde la llegada a la Generalitat de Jordi Pujol en 1980, se ha desarrollado un obsesivo plan de desconexión con el resto del país, llevando a campañas disparatadas y, todo hay que decirlo, de tintes totalitarios, como denunciar a los establecimientos que no rotulaban sus negocios en catalán o borrar de la televisión pública TV3 cualquier vestigio de lengua castellana –prohibido decir «española»–; si lo hace, que sea destacando aspectos ridículos u ofensivos. Todo lo que no se adapte al molde nacionalista, ahora independentista, sobra y debe recortarse. Por lo tanto, la fiesta de los toros era una anomalía que debía ser corregida cuanto antes por ser, además, un símbolo universal de la cultura española, incompatible, por lo tanto, con el credo nacionalista catalán. El 28 de julio de 2010, el Parlament aprobó la prohibición de la tauromaquia, tras aceptar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que sobrepasó el debate animalista para convertirse en un alegato en contra de la «España sangrienta y torturadora». No había otro objetivo. Los toros se prohibieron en un momento de debilidad de la Fiesta en Barcelona, con una afición mermada por la marginalidad a la que había sido conducida y abandonada por los empresarios taurinos a pesar del resurgir –o el «canto del cisne» final– que supuso el milagroso reencuentro de José Tomás con la Monumental. Hay que recordar que la puntilla a la abolición se dio bajo la presidencia de la Generalitat de José Montilla, pero fue el voto de los 32 diputados de los 48 que tenía CiU lo que decantó finalmente la balanza. «Tendremos una Cataluña mejor», dijeron exultantes los políticos antitaurinos, pero nos tememos que han empeorado muchas otras cosas. No escondieron que actuaban con una doble vara de medir: la ley catalana no prohíbe los «correbous», muy tradicionales en el sur de Tarragona, lo que provocó que los diputados de estas comarcas llegaran a votar en contra de la ley. La precipitación para aprobar la prohibición, sumada a la soberbia de los que se han acostumbrado a gobernar para la mitad de los catalanes, llevó a redactar una norma sin rigor legal, que ahora ha anulado el Tribunal Constitucional. El retraso en la resolución, seis años después, es incomprensible y sólo ha servido para que el olvido haga muy difícil que puedan volverse a celebrar corridas en Cataluña. El fallo del TC no ha sido por unanimidad –tres magistrados votaron en contra–, pero el razonamiento es claro: la norma por la que prohibieron los toros invade la competencia del Estado en materia de Cultura. Los impulsores de la abolición no tuvieron en cuenta que la tauromaquia había sido declarada por el Estado patrimonio cultural. Por este motivo, la prohibición queda fuera de las competencias de la Generalitat. A partir de ahora entramos en un capítulo que nos empieza a ser familiar. La Generalitat desobedecerá al TC, como ya ha anunciado Ada Colau, «diga lo que diga». Para los taurinos, que en Cataluña han sido tratados como «torturadores», soportando el escarnio nada pacífico de los animalistas y sus cómplices circunstanciales, el fallo, aunque llega muy tarde, es una victoria moral, pero también para buena parte de la sociedad catalana contraria a la corriente prohibicionista que nacionalistas y comisarios políticos neoizquierdistas están imponiendo. Pedir que se cumpla la Ley y se respeten las decisiones del TC es pedir demasiado en estos momentos de deriva radical y provocativa, pero el mundo del toro tiene ahora el derecho de expresarse libremente. La Fiesta debe continuar.