La justicia de la lista más votada

Las últimas declaraciones de los representantes del PSOE y de Podemos que se han quedado de guardia en Madrid en este periodo estival tienen mucha más relevancia de lo que pudiera parecer a priori. El cortejo público de los podemitas a los socialistas (a los que hace unos meses sólo querían fagocitar) y la predisposición de estos últimos a dejarse querer anticipa una hoja de ruta postelectoral en la que estas dos formaciones van de la mano y que pasa por arrebatar el poder al Partido Popular cueste lo que cueste. La propuesta del Gobierno de que gobierne la lista más votada tras las elecciones generales no interesa en modo alguno a este frente de izquierdas, el cual se está fraguando, eso sí, al margen del interés general de los ciudadanos, que debería ser el motivo último de la clase política. De nada parece haber servido el lamentable espectáculo de pactos que siguió a las municipales y autonómicas del 24 de mayo y que ha dado como fruto gobiernos débiles y de muy difícil articulación. Son el resultado de la unión de varios partidos perdedores en la mayoría de comunidades autónomas y capitales de provincia para arrebatar el bastón de mando a los populares, los vencedores en número de votos.

El panorama político, más atomizado que nunca, hace que sea urgente entrar a debatir cuanto antes una reforma electoral que facilite el gobierno de la lista más votada. Sin embargo, el PP ya ha asegurado que no va a sacar adelante esta iniciativa en solitario aunque podría hacerloporque cuenta con mayoría absoluta. Entiende el Gobierno acertadamente que se trata de un asunto sustancial y que debe concitar el mayor consenso posible, pero no renuncia a que al menos se debata en el Congreso en septiembre antes de que se acabe la legislatura. El sentido común que está demostrando el Ejecutivo en esta materia brilla por su ausencia en las filas del principal partido de la oposición. El PSOE no quiere ni oír hablar ahora de una reforma que ellos mismos plantearon en 1998, cuando consideraban que la elección directa de los alcaldes en segunda vuelta facilitaba «una mejor gobernabilidad». Ahora no descartan, tal y como dijo ayer su portavoz en el Senado, Óscar López, que el partido que llegue a La Moncloa «no sea el más votado». Todo apunta, pues, a que la reforma electoral tendrá que esperar. Pero no está de más que se ponga sobre la mesa, al menos desde un punto de vista teórico, qué significa un gobierno de varios perdedores juntos, en lugar de uno con el partido más votado al frente. Si los electores acuden a las urnas para apostar por unas siglas determinadas que se presentan con un programa concreto y luego éste queda desvirtuado tras las obligadas concesiones que implican los pactos, ¿cómo saber a quién estamos votando? La mejor forma de honrar el contrato implícito entre políticos y votantes es que accedan al poder aquellos que han logrado convencer, sólo con sus ideas, a un mayor número de españoles.