La parodia internacional de ETA

La internacionalización del denominado conflicto vasco, que no es otra cosa que la actividad de una banda terrorista sanguinaria durante décadas, ha sido una aspiración histórica de ese mundo. Los etarras han perseguido la legitimidad y el reconocimiento que, en su opinión, les habría proporcionado la participación o la mediación de organismos, entidades transnacionales o gobiernos de otros países. No lo lograron, afortunadamente. España consiguió que no calara en la comunidad internacional la imagen de ETA como idealistas luchadores por la libertad de un pueblo contra el opresor, sino la real: asesinos responsables de la muerte de cientos de inocentes y de una excepcionalidad liberticida en una democracia como la española. Pese a todos los reveses, la banda ha mantenido siempre como un valor estratégico dar pasos en esa dirección. Desde que anunciara el presunto cese definitivo de sus actividades, ETA «compró» afectos y servicios en los círculos de los calificados profesionales de la resolución de conflictos. En este tiempo, si algo ha resultado evidente en el papel del abogado Brian Currin y su séquito, ha sido que han contribuido a la estrategia de ETA y han formado parte de ella como un instrumento más en su política de imagen y propaganda para socavar y doblegar la posición firme de España. La Conferencia de Ayete en octubre de 2011 fue el primer gran acto de blanqueamiento internacional de un historial aberrante. Hoy, San Sebastián acogerá un nuevo capítulo de esa campaña con la presentación de las conclusiones del «Foro Social», que se celebró en marzo en Pamplona y Bilbao. LA RAZÓN adelanta que una de las propuestas de ese encuentro es que la ONU, la Unión Europea e, incluso, la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa (OSCE) intervengan para desbloquear el «conflicto vasco». Es un planteamiento condenado al fracaso, y ETA y su mundo no pueden ignorar esa realidad. La comunidad internacional ha respaldado y lo hace de forma explícita la posición del Gobierno de no negociar con los terroristas, y cualquier otro planteamiento no se sostiene con hechos. La dirección terrorista no está satisfecha con el desarrollo de los acontecimientos, pues, pese a lo que alguien pudo poner encima de la mesa en otros tiempos, el Gobierno del PP ha aplicado la única política antiterrorista posible, con la persecución policial y el acoso judicial como ejes. Hay que insistir en que no habrá atajos ni más salidas para los terroristas que su desaparición, la entrega de las armas, la petición de perdón a las víctimas, la asunción de responsabilidades penales y la colaboración con la Justicia. El Estado de Derecho no cejará. No se puede permitir que los asesinos escriban la historia ni un final en el que alguien pudiera interpretar que asesinar sirvió para algo.