La posverdad de la Generalitat

En principio, y salvo mejor criterio de la autoridad judicial, no parece haber una ilegalidad en el hecho de que mandos de la Policía autónoma catalana hayan mantenido contactos con empresas israelíes de seguridad –que están monitorizadas, como es lógico, por el Mosad– para examinar o adquirir sistemas de protección contra escuchas de las comunicaciones propias. Sin embargo, aunque no sea una acción ilegal, demuestra que el Gobierno autónomo catalán mantiene una agenda policial propia, sin la coordinación con el resto de las Fuerzas de Seguridad del Estado, al menos tecnológica, que sería de desear, y, lo que es más significativo, orientada en mayor medida a proteger sus comunicaciones reservadas que a procurar la interceptación de las que lleven a cabo delincuentes y terroristas, naturalmente, bajo control judicial. Como hoy publica LA RAZÓN, sería ingenuo desligar estos movimientos de la cúpula de los Mossos d’ Escuadra de las revelaciones del juez Santiago Vidal en las que se aprecia una idéntica obsesión por el espionaje y la elaboración de listas de ciudadanos y profesionales –jueces y magistrados, en concreto– que pudieran representar un obstáculo para el éxito del proceso independentista. Porque, pese a la vehemencia, a veces un poco fingida, con que los dirigentes separatistas han rechazado las alegaciones del ex senador de ERC, lo cierto es que poco a poco se va completando un puzle inquietante para la convivencia de la sociedad catalana. No son tanto las posibilidades de éxito que pueda tener el proceso de segregación, que son nulas, como el daño que puede causar a la estabilidad institucional de Cataluña y, por ende, a la del resto de España. Entre otras cuestiones, porque el Gobierno que preside Carles Puigdemont sigue bajo la espada de Damocles que representan los antisistema de la CUP, que si bien han decidido dejar pasar los Presupuestos, lo han hecho a cambio de que la Generalitat rompa las reglas de juego este mismo año y se precipite por el abismo del referéndum ilegal y de la desobediencia a la legislación vigente. Tal es el absurdo del desafío nacionalista que podría pensarse que los actuales dirigentes del PDeCAT sólo buscan ganar tiempo, pero los últimos acontecimientos abren un espacio a la duda, por cuanto alertan de una actuación subterránea de la Generalitat –que incluso habría camuflado fondos de contingencia entre las diversas partidas presupuestarias– y los movimientos separatistas que visa a una acción de hechos consumados. Frente a este despropósito, es preciso mantener las actuales vías de actuación que lleva a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy. Por un lado, las actuaciones judiciales, escrupulosamente atadas al ordenamiento jurídico, y, por otro, la misma estrategia política que distingue perfectamente entre lo que son actuaciones irregulares de los separatistas y los derechos y necesidades del conjunto de los ciudadanos catalanes, a quienes ampara, como al resto de los españoles, la Constitución. A finales de esta próxima semana, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se reunirán en Barcelona con consejeros de la Generalitat para examinar nuevas inversiones del Estado en las infraestructuras de la región. No se trata de un hecho insólito, puesto que el Gobierno ha mantenido su apoyo financiero a los gobiernos catalanes a lo largo de toda la crisis. Pero sí tiene un significado político que a nadie se le escapa: la mano tendida, la oferta de una vuelta a la sensatez y a la negociación de los verdaderos intereses de la sociedad catalana. Es una oferta leal que no se debería desaprovechar.