La RAE es una cuestión de Estado

Una gran cultura se sustenta sobre pilares sólidos que suelen pasar desapercibidos en una sociedad cada vez más refractaria a la tradición ilustrada basada en el conocimiento literario, artístico, científico y, como conjunto de esta enciclopedia de saberes, humanista. La Real Academia Española es una de las instituciones centrales de nuestra cultura –estatus que comparte con el Museo del Prado–, cuya labor puede parecer de otro tiempo: cuidar de la lengua española. Puede parecer poco, o innecesario para algunos –el idioma se sirve y sobra por sí mismo, dicen, sobre todo para maltratarlo–, pero esta discreta tarea es fundamental para ayudar a escribir de una manera correcta, expresar ideas y mantener la unidad del idioma en una comunidad de 570 millones de hablantes. Desde la perspectiva de ese escepticismo imperante que da el mismo valor a un tuit que a un soneto de Quevedo, que duda sobre el sentido de una institución fundada en 1713 que tiene la tarea de editar el Diccionario de la Lengua Española –está preparando la vigésimo cuarta edición–, el Panhispánico de Dudas, la Nueva Gramática o el Diccionario del español Jurídico, parecerá lógico que desde 2008 haya habido un descenso de un 60 por ciento de la aportación del Estado a la RAE. Sería lógico en aquel contexto de crisis mundial y obligados recortes, pero que siga manteniéndose ahora sin una explicación convincente por parte del Gobierno no está justificado. Estamos hablando de una aportación de 1,6 millones, el 20 por ciento de un presupuesto total de siete millones de euros. La situación a la que se había llegado en 2008 había fijado en un 50 por ciento la aportación estatal a la RAE y el resto de financiación propia a través de empresas privadas y patrocinadores. Lo realmente preocupante de esta situación es que el Gobierno –con la competencia de los Ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades y el de Cultura– no ha dado señales de revertir este desfase económico, algo que está muy lejos de lo que el nuevo director de la institución, Santiago Muñoz Machado, cree que debería ser la aportación del Estado. Ayer, en LA RAZÓN, describió esta situación de «agónica». Hay, además, que partir del hecho de que la RAE nunca ha querido tener una dependencia financiera del poder político y mantener su autonomía, algo que define a la institución y le ha permitido que a lo largo de los años mantenga su autoridad científica. Es alarmante que la mejor institución cultural de España, la que mantiene más lazos positivos con el continente americano, la que se ha hecho respetar históricamente por su «autoritas», la que ha mantenido el rigor y la independencia, sufra una situación de ahogo económico, llegando al límite de sus posibilidades. La Real Academia Española es una cuestión de Estado, que debe estar por encima de los gobiernos y asegurar una parte de su financiación –y de la continuidad de sus 85 trabajadores, con un alto nivel de cualificación– en el que se juega el prestigio cultural de nuestro país. Una institución de esta importancia no puede depender exclusivamente de patrocinadores en base a «proyectos», como le planteó el ministro de Cultura. El proyecto es seguir manteniendo la edición de los diccionarios y la expansión de «Enclave/RAE», plataforma digital en la que se ofrece muy generosamente toda la producción editorial de la Docta Casa, licencias cuya compra debería impulsar el Gobierno. Está muy bien que el Ejecutivo pida un informe sobre la necesidad de adaptar el lenguaje inclusivo a la Constitución, pero más importante sería sellar un pacto de Estado para que la RAE pueda desempeñar su función con eficacia y dignidad.