La última provocación de Mas

El problema de Artur Mas y el proceso separatista que encabeza es que ha entrado en un momento en el que no se puede tomar en serio. Es lo peor que le puede pasar a un líder político cuando se encuentra en un trance tan fundamental como declarar, nada más y nada menos, la independencia del territorio que gobierna. Desgraciadamente, nuestra joven democracia ha tenido que bregar en circunstancias peores y, sin embargo, nunca ha perdido el sentido de la proporción, ni se ha dejado llevar por el apasionamiento irreflexivo y siempre ha hecho valer el Estado de Derecho. Si hablamos de no tomar en serio la última propuesta de Mas es porque es impropia de un gobernante elegido por las urnas. Afirmar, como hizo ayer, que no descarta «la declaración unilateral de independencia» supone situarse fuera de la Ley, lo diga por mandato de la «voluntad popular», lo diga por un calculado victimismo electoral o lo diga por una provocación a las instituciones del Estado, posiblemente última estrategia de la que puede echar mano CiU. En apenas dos años, el nacionalismo catalán ha pasado de proponer un pacto fiscal a un referéndum para ejercer el «derecho a decidir» (la autodeterminación), a elecciones plebiscitarias y, ahora, a la declaración unilateral de independencia. ¿A qué debe responder el Gobierno? Desde hace dos años, CiU ha golpeado día tras día con una declaración cada vez más disparatada, si se atiene a las consecuencias que puede ocasionar en Cataluña y en el conjunto de España, con el único objetivo de dinamitar todos los puentes hasta construir un escenario en el que aparezcan dos comunidades diferenciadas. Ésta es una responsabilidad con la que tendrá que cargar CiU: la de dividir a la sociedad catalana en dos partes y considerar al resto de España como un enemigo, cuando no un invasor. Ningún Estado miembro de la UE ha estado sometido a una presión y chantaje como el que está ejerciendo el nacionalismo catalán a nuestro Estado de Derecho. Fracasado el intento de internacionalizar el «caso catalán» y con el rechazo del empresariado al proceso soberanista, a Mas sólo le queda el recurso de la movilización a través de remover el instinto victimista. La posición mantenida por Mariano Rajoy ha sido la acertada: no atender a provocaciones y anteponer la Ley y la Constitución. Pero Mas debe saber y asumir las consecuencias, ya no de declarar la independencia unilateralmente, sino siquiera amenazar con ella. Aplicar la Ley es legítimo y obligatorio si se atenta contra la integridad territorial, y ese criterio es válido para España y para cualquier democracia seria. Ayer, Crimea votó en un referéndum escoltada por carros de combate para decidir la anexión a Rusia. La comunidad internacional, desde la ONU a la Unión Europea, no duda en calificarlo como un acto ilegal. Que Artur Mas lo tenga en cuenta.