La vergüenza de Anna Gabriel

Todos y cada uno de los investigados por la declaración unilateral de independencia del pasado 27 de octubre y los sucesos previos con los que se rompió la legalidad estatutaria y constitucional se han retractado para salir indemnes de las acusaciones del Tribunal Supremo. Lo fundamental y sintomático es que ninguno ha asumido la responsabilidad de proclamar la República Catalana. Todo era poco menos que una broma de mal gusto. Ni los más radicales dispuestos a llegar hasta el final, como así arengaban a las multitudes, mantuvieron la entereza. La presidenta del Parlament, la irredenta Carme Forcadell, acató el 155 y dijo que la declaración de independencia sólo fue simbólica. En el mismo sentido se expresó Marta Rovira, la que presionó con lágrimas en los ojos para que Puigdemont no cediese y no convocase elecciones; Joaquim Forn también aceptó la intervención de la Generalitat y se desvinculó de la pasiva actuación de los Mossos, cuyo mando político ostentaba él; y Jordi Sánchez, inductor de los incidentes ante la Conserjería de Economía el pasado 21 de septiembre, da por acabada la «vía unilateral». Por su parte, Puigdemont puso tierra de por medio. Y ahora lo hace Anna Gabriel, dirigente de la CUP, el partido que espoleó el «proceso», quitó al pusilánime Mas y puso y al fanático Puigdemont. Ahora ha anunciado que no se presentará a la citación de juez Pablo Llarena prevista para hoy y se ha instalado en Suiza para defenderse, aunque de momento no haya ninguna acusación. Una decisión que sólo puede entenderse desde la mentalidad pueril e incendiaria de un grupo admirador del chavismo y la «kale borroka» –mimetizada estéticamente hasta la clonación–, las expropiaciones y aun así ser capaz de convivir con la corrupción pujolista. Gabriel no ha elegido Venezuela para su «exilio», sino Ginebra, porque le ofrece unas garantías legales –no es miembro de la UE, aunque sí territorio Schengen– y una plataforma para «internacionalizar» la causa separatista y «provocar la entrada de actores internacionales». Desde el punto de vista jurídico, la elección de Suiza complica cualquier extradición, en caso de solicitarse; después de todo, contra ella no había ninguna causa abierta y su único delito, de momento, es no haber acudido a una citación judicial. Asiste al magistrado dictar una orden de detención internacional y decretar prisión incondicional, las mismas medidas que hubo contra Puigdemont. Pero todavía no se ha llegado a este punto. Para que se conceda la extradición, al menos una de las infracciones por las que se le acusa debe ser compartida por ambos países. Más complicado aún será si existe delito de rebelión, pues en el Código Criminal suizo debe producirse «a través del uso de la violencia». De momento, las primeras reacciones del Gobierno helvético no son muy alentadoras, incluso precipitadas, si persiste en considerar el caso de Gabriel un «delito político» (el «caso Falciani», al que España no quiso entregar a Suiza, seguirá pesando). En todo caso, la CUP, sin mucho margen de decisión en el bloque independentista dada su escasa representación parlamentaria –cuatro escaños–, busca protagonismo, precisamente en el momento en el que decae la opción de Puigdemont de convertirse en «presidente en exilio». Y limpia, si puede, su desprestigio incluso entre secesionistas que critican que los que lanzaron a la Generalitat a la ilegalidad hayan salidos limpios de cargo alguno. El «exilio» –que incluso plantea solicitar– y la «internacionalización» entendida como desprestigiar a la democracia española es una estrategia que explotarán hasta lo insoportable, ahora que su capacidad política ha decaído. No deja de ser sintomático que la CUP y Puigdemont compartan la misma vía sin salida.