Las elecciones autonómicas son la única salida para Cataluña

El Gobierno de la Generalitat vive una crisis profunda por la diferencia de criterios sobre cómo debe acometerse la fase final del «proceso»: si saltándose la legalidad y asumiendo todas las responsabilidades penales o frenar antes de llegar al precipicio. De ahí que Puigdemont esté preparando una remodelación presionado por ERC y la CUP. Es una crisis que afecta al conjunto del independentismo basada en el error de creer que el Estado de Derecho podía ser batido sin consecuencia alguna. En estos momentos, no hay más salida que la de votar, pero legalmente, en unas nuevas elecciones autonómicas. Cataluña está bloqueada y dirigida por una coalición irresponsable. El cese fulminante la pasada semana del consejero de la Generalitat Jordi Baiget por poner en duda la viabilidad del referéndum independentista ilegal previsto para el próximo 1 de octubre fue el síntoma de una crisis larvada en el seno del ejecutivo catalán. Es admitido que la opinión del ex consejero era ampliamente compartida por sus compañeros de gabinete, por lo menos por los adscritos al PDeCAT, por las consecuencias legales que puede ocasionar: inhabilitación y acusación de malversación de fondos públicos. Sabemos que el gran desafío separatista ha marcado la fecha del 1 octubre para visualizar el choque institucional y la ruptura con la legalidad democrática española. Pero también sabemos que todavía no está firmado el documento que pone en marcha el referéndum y que, de producirse, sería recurrido por el Gobierno y pondría en marcha una maquinaria jurídica que impida una consulta ilegal. Las consecuencias no se harán esperar –ya hubo las sentencias contra Mas, Homs, Ortega y Rigau– y se abre un vía penal de la que el propio Baiget advirtió antes de ser cesado: estaba dispuesto a ser inhabilitado, o ir a la cárcel, dijo, pero no a poner en riesgo su patrimonio. Este hecho ha desencadenado una crisis profunda dentro del Gobierno y altos cargos de la Generalitat, además de dejar a los funcionarios sin protección legal en caso de incumplir la prohibición de celebrar la consulta. El relato independentista ha quedado seriamente dañado: nadie quiere responsabilizarse de este ataque frontal al Estado de Derecho. Nada puede representar mejor esta deserción que la negativa del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, a coordinar el referéndum. A estas alturas del «proceso» ya sabemos que el objetivo del líder de ERC no es otro que alcanzar la presidencia y no quiere que nada, ni siquiera el sacrificio de la inhabilitación por organizar el referéndum, se lo impida. Por contra, prefiere que sea un responsabilidad compartida, forzando a Puigdemont a relevar a los consejeros que no demuestran una fidelidad absoluta con la deriva ilegal en la que está sumido el «proceso». El referéndum no se celebrará, o no por lo menos con garantías y valor vinculante; puede que se vuelva a presentar como una «movilización», pero el Gobierno no está dispuesto a que la ley se incumpla tan flagrantemente. Ayer, la Guardia Civil acudió al Teatro Nacional de Cataluña, donde la semana pasada se presentó la llamada Ley del Referéndum, con todo el gobierno de la Generalitat, para reclamar la documentación sobre el coste de un acto que anunciaba la secesión en un plazo de dos días una vez celebrado el referéndum del 1-O. No hay otra vía que el cumplimiento de la Ley y la convocatoria de elecciones autonómicas que desbloquee la situación política en Cataluña.