Las pensiones no son el problema, sino el crecimiento económico

Uno de los primeros asuntos que tendrá que afrontar el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy será el sostenimiento del sistema de pensiones. En primer lugar, hay que dejar claro que el déficit que vive actualmente la caja de la Seguridad Social no equivale a su quiebra, como algunos anuncian frívolamente, sino que es un déficit acrecentado por la crisis económica y el aumento del desempleo. Es cierto que las cotizaciones fueron insuficientes para afrontar el pago de las pensiones –y la paga extra– del pasado mes de julio, algo que no sucedía desde 2012, pero lo que evidencia no es que dicho sistema sea insostenible, sino que los ingresos están siendo menores que los gastos. Como el problema estructural de nuestra hacienda, no se trata de un gasto público desaforado, sino de ingresos. La última reforma del sistema de pensiones, aprobada en 2013, creó el Índice de Revalorización (IR) –que garantiza una subida mínima del 0,25% y máxima del IPC más 0,5%– y el Factor de Sostenibilidad. El IR ha sustituido al IPC como el índice con el que se revalorizan todas las pensiones cada año desde 2014. El segundo se aplicará desde 2019 cada cinco años a los nuevos pensionistas para ajustar el importe inicial de la pensión, por lo que todavía no podemos comprobar sus efectos. Este coeficiente se revisará cada lustro en función de la esperanza de vida. A pesar de que la Seguridad Social, según las previsiones oficiales, estará en números rojos durante varios años más, tiene margen para hacer frente a los pagos. Comparada con otros países de la eurozona, España no gasta mucho en pensiones, incluso la Comisión Europea nos sitúa entre los países más preparados para afrontar dicho gasto hasta 2060, como ha recordado la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Utilizar el Fondo de Reserva, como se ha hecho recientemente con el empleo de 8.700 millones para el pago de pensiones, está dentro de lo previsible. Fue creado por un Gobierno del PP en 1997 para equilibrar estos desajustes y –lo que debería tenerse en cuenta– evita utilizar otros instrumentos financieros. Sobre este último punto, el PSOE es partidario de un impuesto finalista, para financiar la caja de la Seguridad Social, algo que tampoco vería mal Podemos, pero que no soluciona lo fundamental. El futuro de las pensiones dependen de los trabajadores que cotizan y, en 2011, por cada nueva pensión se perdían tres puestos de trabajo. Esa tendencia ha cambiado: en 2016, por cada nuevo pensionista se han creado siete nuevos empleos. El problema real de nuestro sistema de pensiones es que durante la crisis se han perdido 3,5 puestos de trabajo, por lo que es necesario que 20 millones de personas tengan empleo (según las cifras oficiales, en el pasado mes de octubre había 17,8 millones). El próximo día 22, la Comisión del Pacto de Toledo iniciará sus trabajos para emitir recomendaciones con el objeto de garantizar el futuro del sistema público de pensiones, que se trasladarán al Pleno del Congreso y al Gobierno. Es pronto para hablar de una nueva reforma del sistema, incluso sacar las pensiones de viudedad y orfandad del sistema, como proponen los socialistas. Hay fórmulas para explorar, pero lo fundamental ahora es que las negociaciones del Pacto de Toledo tengan lugar fuera de los focos, sin la presión innecesaria de las estrategias políticas de corto plazo. Las pensiones en España no están en peligro; el verdadero problema es asegurar el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo.