Los dispares tiempos de la justicia española

Mientras los distintos juzgados que entienden de presuntas actuaciones irregulares vinculadas al Partido Popular no dejan últimamente de ordenar registros, dictar autos y tomar declaraciones a docenas de investigados, en un frenesí que, cuando menos, mantiene atónita a la opinión pública en general y a los simpatizantes del PP en particular, la instrucción judicial de uno de los mayores casos de malversación de fondos públicos de la historia moderna de España sigue unos ritmos tan pausados, que se dirían paralizados. En efecto, como hoy publica LA RAZÓN de fuentes de total solvencia, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil lleva más de medio año sin recibir ninguna petición de actuaciones por parte del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, cuya titular es la juez María Núñez Bolaños, a quien ha correspondido la investigación del caso de los ERE de Andalucía. El asunto se presta a cualquier tipo de especulación, más si tenemos en cuenta las discrepancias entre la juez Alaya y la nueva titular, que llegó a ser acusada de mantener relaciones de amistad con el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía. Ante un problema como el de la corrupción, que tanta influencia tiene entre la opinión pública, no se debería dar pábulo a sospechas de doble rasero.