Los jueces, garantía del Estado

A nadie debería extrañar, y mucho menos a los separatistas catalanes, que en la solemne sesión de apertura del Año Judicial, presidida por Su Majestad, tanto la intervención del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, como la del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, hayan coincidido en la defensa expresa de nuestro ordenamiento constitucional. Son, en efecto, como señaló Lesmes, los jueces y magistrados quienes tienen que asegurar los derechos reconocidos en la Constitución y en las leyes, y es un Poder Judicial «fuerte, único, e independiente» la mejor garantía de la libertad y la igualdad de los españoles. De ahí que resulten sorprendentes las reacciones del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y de su vicepresidente, Oriol Junqueras, rayanas en el delirio victimista, cuando los mecanismos jurisdiccionales del Estado, en este caso el Tribunal de Cuentas, actúan en consecuencia. No parecen entender los promotores del desafío independentista que no estamos más que ante la simple constatación de un hecho: que en España, como en cualquier Estado de derecho, el incumplimiento de la Ley no queda impune, que existen los instrumentos para restablecer la legalidad conculcada y, lo que es igual de importante, la voluntad de aplicarlos. Conviene insistir en ello porque desde el separatismo catalán y desde algunos sectores de la izquierda populista se trata de hurtar a la opinión pública la esencia puramente delictiva del desafío nacionalista. La Constitución no es un simple texto declarativo, sino es un conjunto de mandatos jurídicos de obligado cumplimiento, que obliga a todos, pero especialmente a los poderes públicos, y cuya violación supone un delito grave, puesto que violenta la propia democracia. En este sentido, la convocatoria de la consulta separatista llevada a cabo el 9 de noviembre de 2014, fue una acción delincuencial, que causó un perjuicio grave a la hacienda pública y que el Tribunal de Cuentas, con independencia de cualquier otra consideración penal o administrativa, no puede pasar por alto. Asimismo, la exigencia de la responsabilidad es siempre de carácter personal, puesto que son las personas las que delinquen y no las instituciones, por lo que era previsible que quienes impulsaron la consulta, entre los que se encontraban el ex presidente Artur Mas y su consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Francesc Homs, tengan que responder con su patrimonio. Sin duda, la fingida indignación de los principales responsables de la Generalitat, en una sobreactuación pública digna de mejor causa, no tenía otros destinatarios posibles que sus partidarios, a quienes el abrupto choque con la realidad puede haber sumido en el desconcierto. Pero nada, en suma, ha cambiado, salvo la visualización entre la ciudadanía de la propia dinámica de la Ley. Por ello, si Carles Puigdemont, que anunció ayer que la ley del referéndum se aprobará esta semana y que su Gobierno lo convocará para que se celebre el 1 de octubre, ya debía ser perfectamente consciente de la imposibilidad de su proyecto, ahora –tras las nítidas y contundentes advertencias de quienes representan la Justicia y la defensa de las libertades y derechos de todos los españoles, y tras el «aviso a navegantes» del Tribunal de Cuentas–, puede degenerar en la pura contumacia. Porque la Constitución no es una entelequia ni una aspiración. Es, como ya hemos señalado al principio, un conjunto de mandatos que es obligado cumplir, o atenerse a las consecuencias. Luego no valdrán las quejas.