Negligencia del PSOE en el AVE

Con su retraso habitual, que no deja de ser mortificante para el común de los contribuyentes, el Tribunal de Cuentas ya había emitido un duro informe crítico sobre el proceso de adjudicación de las obras del AVE Madrid–Barcelona, en el que calculó un sobrecoste del 31,4% sobre lo inicialmente presupuestado. En números redondos, la nueva conexión ferroviaria habría supuesto un sobreprecio de 2.144 millones de euros. Los fiscalizadores, sin embargo, no habían detectado irregularidades presuntamente delictivas en el desarrollo del proyecto –que se fragmentó en más de 2.000 contratos–, sino graves deficiencias técnicas en la planificación y en la previsión de lo que costarían las expropiaciones de los terrenos e inmuebles afectados por las obras. Ahora, el Juzgado número 9 de Barcelona está llevando a cabo una investigación penal por malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad documental en relación con uno de los contratos de obra, adjudicado en 2008, que habría generado un ilícito sobreprecio de 6 millones de euros en beneficio de la constructora, con varios funcionarios del gestor público ferroviario Adif implicados en la trama. La Fiscalía Anticorrupción va más allá, incluso, al señalar que la propia adjudicación de la obra pudiera haber presentado irregularidades. Hasta aquí, y mientras no se sustancie la investigación judicial, no cabe exigir otra postura a los actuales gestores de Adif y del Ministerio de Fomento que la de ofrecer la máxima colaboración a los investigadores. Pero el asunto, que desafortunadamente no es nuevo en la gestión de la obra pública española, ha tomado un cariz político que ayuda a explicar, aunque no lo justifique, cómo se han deteriorado las cuentas de la Administración española en las dos últimas legislaturas socialistas. No otra cosa demuestran las prisas con las que uno de los dos ex ministros de Fomento concernidos por el contrato, José Blanco, ha tratado de quitarse de encima cualquier responsabilidad, arrojándola sobre su antecesora y compañera de partido, Magadalena Álvarez, sobre quien, no hay que olvidarlo, llovieron las presiones de Moncloa y Ferraz para que la línea del AVE a Barcelona pudiera inaugurarse antes de las elecciones generales de 2008. Se equivoca Blanco en su planteamiento exculpatorio, porque lo que se deduce de todo lo actuado es la negligencia de quienes, tanto en Adif, como en el Ministerio de Fomento, debían haber velado por la limpieza de las adjudicaciones o, en su defecto, haber detectado el fraude. Ahora se impone a los nuevos gestores la tarea de llevar a cabo un examen exhaustivo de todos los contratos y una revisión de los procedimientos de adjudicación. En definitiva, la corrección del desaguisado con el que se encontraron al llegar al Gobierno.