Ni es cuestión de primarias ni el PP debate liderazgo alguno

El que nuestra Constitución exija a los partidos políticos que su «estructura interna y su funcionamiento sean democráticos» (artículo 6) no es un asunto baladí y, de hecho, el incumplimiento del precepto constitucional podría ser causa de ilegalización o disolución de una formación política. Pero la Carta Magna no establece cuáles deben ser las normas internas por las que tienen que regirse los partidos ni mucho menos las fórmulas de elección –directas o representativas– de sus órganos directivos. En el PP ha venido funcionando el sistema de representación por delegación –similar al que rige en el Congreso de los Diputados–, que es perfectamente democrático y que aúna la dinámica interna de la propia formación –con su razonable tejido de afinidades personales e intereses en la elección de compromisarios–, con la apertura a la sociedad que representan quienes son designados como compromisarios natos desde su condición de cargos públicos electos, es decir, directamente obligados a dar respuesta a las inquietudes de los ciudadanos. Como cualquier otro procedimiento electoral, el sistema representativo puede tener partidarios y detractores, pero no es en sí mismo democráticamente inferior al sistema de elección directa. En ambos casos, se exige el respeto a los procedimientos, especialmente en lo que se refiere a la verificación del censo de electores. Sin embargo, se está extendiendo entre la opinión pública la idea, ciertamente equivocada, de que sólo las «primarias abiertas» garantizan la elección democrática del liderazgo de los partidos, lo que se traduce en una redoblada presión externa sobre el PP para que renuncie a su cultura propia, que es característica de la inmensa mayoría de los partidos de la Europa continental, y adopte otras foráneas. La cuestión, por supuesto, no es el «qué» sino el «cómo» se lleva a efecto cualquiera de los dos sistemas. Sólo hay que recordar los fiascos socialistas en la elección de Josep Borrell como candidato a la presidencia del Gobierno y, luego descabalgado por una maniobra interna o, más recientemente, el caso del ex secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que fue repudiado por el Comité Federal pese a haber sido elegido en primarias. Por no hablar del procedimiento «sui generis» de Podemos y sus votaciones on- line, en las que cualquiera puede inscribirse, incluso con documentación falsa. Con estas reflexiones, queremos recalcar que el problema está más en la limpieza del procedimiento de elección que en la naturaleza del mismo. En este sentido, nos parece un error la propuesta de cambio en el sistema electoral que, en forma de enmienda, pretende elevar al próximo Congreso del PP la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. No sabemos si responde a una reflexión meditada o, simplemente, al seguidismo de la propaganda de sus adversarios políticos, que han hecho caballo de batalla de las primarias. De momento, sobran comentarios sobre supuestos «dedazos» o «insinuaciones de sucesión», que sólo ponen en duda la impecable trayectoria del partido con más afiliados y agrupaciones locales de toda España, del partido que más unidad interna ha mantenido en medio de la reciente tormenta institucional y, por supuesto, del partido en el que la inmensa mayoría de sus militantes se declaran partidarios de su sistema de representación. Cifuentes puede proponer los cambios que quiera, pero ni está en posesión de la verdad ni está en debate liderazgo alguno.