Pacto contra la convivencia

Artur Mas y Oriol Junqueras se reunieron ayer para certificar el acuerdo de gobernabilidad en Cataluña después de los compromisos alcanzados por las comisiones negociadoras de ambas formaciones. Paradójicamente, hay muchas posibilidades de que la estabilidad parlamentaria que se pretende con el pacto se traduzca en todo lo contrario: en un tiempo de zozobra e incertidumbre. Esta alianza lo apuesta todo a la consulta rupturista, como si fuera el principal problema o la mayor preocupación de los catalanes. Que la agenda de la acción de gobierno esté marcada por la política separatista hasta el extremo de condicionar la económica y la social da una idea de que los intereses particulares se han impuesto al bien común. En este punto hay que recordar que esta misma semana una encuesta reflejaba que nueve de cada diez catalanes (92,8%) piensan que la corrupción es un problema muy o bastante grave y ocho de cada diez (79,5%) consideran que existe mucha corrupción en Cataluña. Son igualmente abrumadoras las inquietudes económicas de los ciudadanos en una comunidad con 840.400 desempleados y una tasa de paro del 22,56%, según la última Encuesta de Población Activa. Por no hablar de los recortes drásticos en materia sanitaria y educativa y los que llegarán muy probablemente como consecuencia de la necesidad de reducir 4.000 millones de euros en el presupuesto del próximo año para alcanzar el objetivo de estabilidad presupuestaria, condicionados también por el enorme endeudamiento de Cataluña que, con el 23% del PIB, es el mayor de España. Pero la corrupción, el paro, el déficit, la deuda, la recuperación económica y los servicios sociales son obviados por convergentes y republicanos y sepultados por la avalancha independentista. La prioridad es hoy que los niños de 0 a 3 años usen el catalán como «lengua de comunicación y aprendizaje» y que las universidades creen una prueba en catalán para acceder a los centros, además de la prevista por el Estado. O que, como ha exigido ERC, se plantee una transición hacia el Estado soberano con un Banco de Cataluña, una agencia tributaria, poderes plenos en Justicia o una ley de consultas. El Gobierno avisó ayer de que todos esos planteamientos están fuera de la Constitución y de que se actuará en consecuencia. Desde Bruselas, el presidente Rajoy recordó también los principios básicos de todo gobernante, que los secesionistas catalanes han ninguneado dramáticamente: «La prioridad es atender a la gente que lo está pasando mal e introducir factores de inestabilidad no ayuda a nada». Tiene razón, pero nos da la impresión de que hace tiempo que los ciudadanos no ocupan un lugar destacado en las preocupaciones de Artur Mas y Oriol Junqueras.