Pensiones sostenibles

El consejo de doce expertos al que el Gobierno encargó la elaboración de una propuesta para reformar el sistema de pensiones aprobó ayer su informe definitivo con una amplísima mayoría, de la que sólo se desmarcó uno de los catedráticos cercano a UGT con su voto negativo y otro próximo al PSOE con la abstención. Hubo tres votos particulares, uno de ellos del miembro de Comisiones Obreras, que, sin embargo, refrendó el documento. La práctica unanimidad alcanzada por especialistas de reconocido prestigio en un asunto tan complejo como crucial resulta en sí misma un avance muy positivo sobre la situación anterior. No es, sin embargo, la meta definitiva, sino un punto de partida sobre el que trabajar en busca del consenso que el Gobierno pretende alcanzar en el Pacto de Toledo. El objetivo de la reforma es garantizar el futuro de las pensiones, y no socavarlas ni amenazarlas. Para quienes defienden hoy con irresponsabilidad e insensatez el inmovilismo y aseguran que el sistema no está amenazado, la demografía y la crisis económica constituyen una respuesta concluyente a sus desvaríos. Para un sistema de reparto como el nuestro, la ecuación no cuadra, con una relación de afiliados por pensionista de 2,32, más de nueve millones de pensiones y un gasto por encima de los 121.000 millones de euros anuales. En estas circunstancias, el futuro es imposible y el colapso del sistema en unas décadas, seguro, si no se actúa antes. El Gobierno, por tanto, pretende cumplir con el deber de preservar el derecho de los jubilados del presente y del futuro. El documento de los expertos se enmarca en ese propósito de perdurabilidad, certidumbre y equilibrio del modelo. El factor de sostenibilidad acordado –un mecanismo de ajuste y contención de gasto en pensiones que se contempló en la última reforma en 2011– cumple en principio esos requisitos. Las claves pasan por desligar las pensiones a la evolución del IPC y vincularlas a la situación de las cuentas de la Seguridad Social, además de a la esperanza de vida, como anclajes de racionalización y prudencia frente a evoluciones demográficas y económicas imprevistas. En este punto, los expertos recomiendan que las pensiones sólo aumenten si suben los ingresos del sistema, aunque precisan que en el peor de los casos deben quedar congeladas y nunca bajar de forma nominal. Por lo demás, y como adelantó ayer LA RAZÓN, el Gobierno considera innecesario anticipar el retraso de la edad de jubilación a los 67 años, un planteamiento que la reforma socialista de 2011 fijó para el año 2027. Estamos, por tanto, ante un documento orientador válido como base del trabajo político, pero no cerrado ni inalterable. El Gobierno buscará a partir de ahora el deseable consenso en un asunto de Estado. Cabe esperar que la oposición esté a la altura y no reincida en políticas demagógicas y cortoplacistas.