Pérdida de confianza en Moix

La llegada de Manuel Moix a la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción fue complicada casi desde el minuto uno. Su incuestionable prestigio en la carrera, ganado por el desarrollo profesional en las importantes responsabilidades que había desempeñado a lo largo de su trayectoria, avalaba con creces la idoneidad de su designación como fiscal con la preparación, capacidad y experiencia necesarias para desempeñar una función crítica en los tiempos que corren en nuestro país. Sus propósitos de revitalización y reorganización de una Fiscalía con múltiples exigencias, pero también con problemas, nos parecieron legítimos y adecuados. Algunas de sus decisiones suscitaron malestar en varios de sus subordinados acostumbrados o acomodados a lo que allí había hasta que arribó a la jefatura. Se habló entonces de una suerte de motín, de manifiesta rebeldía con el nuevo orden que Manuel Moix pretendía implantar en una Fiscalía extraordinariamente compleja, pero entendemos hoy como ayer que se limitó a hacer uso de sus competencias y de su autonomía en cuanto a la actuación de su departamento y de cuantos trabajan allí para el optimizar el trabajo y sus resultados. Ninguno de todos estos juicios sobre su profesionalidad y rigor técnico han cambiado después de que se conociera que posee el 25% de una empresa «offshore» en Panamá, que heredó de sus padres, y que es propietaria de un chalet valorado en más de medio millón de euros en el municipio madrileño de Collado Villalba que, hasta 2012, pertenecía a sus progenitores. Aunque es cierto que hasta la fecha no se ha cuestionado la legalidad de la sociedad y que su participación estaba declarada, no lo es menos que Manuel Moix no informó de todo ello a sus superiores antes de ser nombrado, que lo ocultó, y ése sí que es un elemento decisivo. Puede que entendiera que no era relevante porque en principio «no había incompatibilidad» para el ejercicio de la función, pero calculó mal y se equivocó pues la credibilidad de una institución como la Fiscalía Anticorrupción lo es todo y por eso la exigencia es máxima. Pensar que un fiscal dueño de una sociedad en un paraíso fiscal como Panamá sería asumido casi como algo normal es como poco una ingenuidad, cuando no una torpeza. El Gobierno dejó ayer el futuro de Manuel Moix en manos de su superior, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, –pendiente, al parecer, de una conversación entre ambos, de la que se desconocían los detalles a la hora de cierre de esta edición–, pero parece incuestionable que a estas alturas del caso existe un escenario de pérdida de confianza provocada por la falta del rigor y de la diligencia necesarias por parte del fiscal anticorrupción en la información de aspectos notables de su actividad. Esas lagunas en la comunicación han abierto una brecha que el Ministerio Público, ariete de la lucha contra la corrupción y garante del principio de legalidad, tendrá que sellar para transmitir la imagen de entereza y ejemplaridad que la sociedad demanda y necesita. Manuel Moix aterrizó con las más altas expectativas y los mejores deseos de servir al bien común. No lo cuestionamos pues creemos en que sus convicciones son firmes como probado servidor público. El fiscal jefe Anticorrupción comentó ayer que no tenía «apego» al cargo ni «interés en mantener una situación si se considera que no soy el más idóneo». Y estamos seguro de ello, como también que son horas difíciles en lo profesional, pero también en lo personal y familiar. En cualquier caso, el interés general debe prevalecer.