Podemos trajo Venezuela a la campaña electoral

Pocas veces, al menos desde la Transición, había mostrado con tanta claridad su feo rostro totalitario la izquierda comunista española. El ignominioso intento de criminalizar a un preso de conciencia como es el líder opositor venezolano, Leopoldo López, por parte de los principales dirigentes de Podemos y del Partido Comunista no debería ser tolerado por ningún demócrata. Que ideólogos de un sistema fracasado y verdugo de la libertad se atrevan a tildar de golpista, –comparándolo con Tejero, como ha hecho Juan Carlos Monedero– a un hombre condenado en una farsa judicial que hizo que hasta el pusilánime fiscal al que le obligaron a fabricar la acusación decidiera exiliarse en Miami, nos retrotrae a los peores momentos de la «agit prop» soviética, con la que se justificaban los peores crímenes. Es esa misma táctica de manchar el nombre y el honor de los perseguidos la que ha retomado el jefe comunista Alberto Garzón y que ha seguido dócilmente el líder de Podemos, Pablo Iglesias, dando por ciertas las inauditas acusaciones formuladas por el régimen socialista venezolano. Pero no conviene llamarse a engaño: si Venezuela ha irrumpido de lleno en la campaña electoral española no ha sido, precisamente, por la voluntad del Gobierno en funciones de Mariano Rajoy –que dentro de su responsabilidad institucional ha mantenido la obligada prudencia en las relaciones exteriores–, sino porque detrás del absoluto fracaso del modelo bolivariano están directamente implicados los mismos políticos populistas que pretenden darnos ahora lecciones de democracia y de honestidad. El espejo, como el de la Grecia de Syriza, cuyo reflejo Podemos no puede soportar, y menos ante unas elecciones.

El deterioro de la situación política, social e institucional hace que Venezuela tenga que ocupar una posición central en las previsiones del Gobierno español. Así, nada más lógico que las posibles contingencias hayan entrado en la agenda de la sesión ordinaria del Consejo de Seguridad Nacional, –que hoy se reúne en La Moncloa convocado por el presidente del Gobierno– entre otras razones porque en el país caribeño residen 200.000 ciudadanos españoles y operan casi un centenar de empresas nacionales en prácticamente todos los sectores industriales y de servicios. Un escenario que aconseja un seguimiento especial, puesto que no es descartable que el Gobierno de Nicolás Maduro, que ha decretado el estado de excepción, pudiera tomar represalias sobre los intereses españoles. Asimismo, España es, junto con Estados Unidos y Colombia, destino principal de la diáspora venezolana y entre nosotros se han establecido alrededor de 150.000 de sus ciudadanos. Parece obligado hacer estas consideraciones ante las críticas que tildan de «electoralismo» lo que no es más que una actuación gubernamental obligada por la coyuntura y a la que habría que otorgar la misma consideración que a otros asuntos que afectan a la Seguridad Nacional. Ciertamente, es la primera vez que se va a tratar el caso de Venezuela en el seno del Consejo, pero lo impone la ruptura de los puentes de diálogo entre el régimen de Maduro y la oposición democrática. En definitiva, estamos ante los efectos prácticos de una ley, la de Seguridad Nacional, impulsada por Mariano Rajoy pero consensuada con el PSOE, que dota a España de mejores instrumentos de análisis y prevención de amenazas.