Por una inmigración controlada

Ante la crisis migratoria que está sufriendo nuestro país, lo mejor es evitar la tentación de la demagogia. Es decir, y en estricta definición: decir lo que se quiere oír aunque no sea verdad e imposible de materializarse. Se trata, sin duda, de un problema real que no hay ni que engrandecer ni rebajarlo a un mero fenómeno circunstancial. Las imágenes están ahí y, sobre todo, están las cifras del número de personas que llegan a nuestras costas de manera ilegal cruzando el Mediterráneo o el Estrecho. Si en 2016 se registraron 10.231 llegadas, en 2017 la cifra se elevó a 22.880. Hablamos de personas que son atendidas y protegidas por el Estado. No es un problema que sólo afecte a nuestro país, sino que implica de manera directa a los países del Mediterráneo, como queda claramente recogido en las llegadas, en lo que va de año, a Italia (13.677), Grecia (11.403) y, claro está, España (10.991). Es con la irrupción de los xenófobos italianos del Salvini y la ruptura de la postura común de estos países cuando se ha desencadenado un crisis en la que es fácil y lógico confundir la necesidad de mantener la ayuda humanitaria con el problema de fondo que encierra el drama de miles de jóvenes sin futuro llegando a las costas de Europa. La apreciación de que si esta llegada de inmigrantes se mantuviese sin control se acabaría convirtiendo en un grave problema la comparte un 84,5% de los encuestados en un sondeo de NC Report que publicamos hoy, frente a un exiguo 12%. El punto de inflexión en esta crisis se produjo con el caso del barco «Aquarius» y la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de ofrecer el puerto de Valencia ante la negativa de Italia y Malta de acogerlo. El 56,4% de los consultados cree que esa decisión ha producido un efecto llamada, frente al 30,2% que no lo ve de esta manera. Algunos excesos que podíamos definir como «hipersolidaridad» –es decir, que hubo tanta que se corría el riesgo de ser paródica– y la burda utilización política de Ada Colau, ha podido tener efectos negativos. Un 83,9% considera que España no puede ser el destino de los barcos con inmigrantes que navegan por el Mediterráneo, que es necesario racionalizar las políticas de acogida y, sobre todo, desde el origen. Sobre este aspecto, una amplia mayoría, el 76,1%, es partidario de que los inmigrantes que se reciban cuenten con un contrato de trabajo acorde con las necesidades del país. Sin duda, éste sería el mecanismo idóneo y sigue siendo el que mayoritariamente se emplea, sobre todo en momentos de bonanza económica. Por ejemplo, en 2007 se llegó a 210.000 inmigrantes que llegaron a España regularmente. Por lo tanto, lo normal debería ser la inmigración con contrato en origen y no considerar a la ilegal como una fórmula inevitable. Es una anormalidad, tanto desde el punto de vista humanitario –a merced de mafias que no tienen el menor respeto a la vida–, como social y político. Un 63% cree que una inmigración sin control pondría en peligro nuestro sistema público (en sanidad, educación, prestaciones sociales), de ahí que sea necesario que el problema se afronte desde el control de los mismos países que originan estas migraciones desordenadas. Así lo considera de manera rotunda un 92,2%, frente al 4,9%. Desde esta perspectiva, el 75,7% cree que hay que impedir que la entrada de inmigrantes ilegales que esperan en la frontera de Ceuta. No hay que olvidar que esa es al primera puerta de Europa y que su repunte se debe a la crisis de los países del oeste africano, especialmente Senegal, además de Sierra Leona y Liberia. Por lo tanto, la solución es colectiva, tanto de España como del conjunto de Europa, y afrontarla desde el principio de máximo respeto humanitario y evitando la demagógica consigna de «papeles para todos», que, además de mentir, engaña las esperanzas de los propios inmigrantes.