Presidenta tras el 24-M

Susana Díaz ha decidido no volver a someter a votación su investidura como presidenta de la Junta de Andalucía hasta después de que se celebren las elecciones locales y autonómicas del próximo día 24. La situación de «impasse» político en que se encuentra el Parlamento andaluz aconseja esta medida que, por lo menos, paliará la mala imagen de una sucesión de votaciones negativas por parte de todos los partidos de la oposición. Ya hemos señalado en anteriores comentarios editoriales la responsabilidad que incumbe a la candidata socialista en todo este proceso que, no conviene olvidarlo, viene provocado por un adelanto electoral innecesario y basado, por los resultados, en un error de cálculo político evidente. Pero una vez convocadas las urnas y contados los votos, no le quedaba otra solución a Susana Díaz que negociar los apoyos parlamentarios precisos para obtener su investidura. Negociaciones que, como siempre en la vida, exigen a las partes la disposición a aceptar cesiones o a incorporar propuestas ajenas. Supone, también, la existencia de altura de miras entre los distintos actores políticos, puesto que se trata de garantizar la gestión pública de una comunidad como la de Andalucía, que tiene que hacer frente a una difícil situación económica y social, con especial incidencia en la tasa de desempleo, siendo la más alta de España. Y en este sentido, hay que reconocer que no puede atribuirse a Susana Díaz toda la culpa de lo sucedido en estos últimos días. Si excluimos, por razones obvias, al Partido Popular y a Izquierda Unida de entre los posibles apoyos a la investidura de la candidata socialista, es evidente que la decisión estaba en manos de las dos formaciones recién llegadas al Parlamento andaluz, Podemos y Ciudadanos, que se declaran de izquierda y comparten, sobre todo el partido de Albert Rivera, una misma visión en cuestiones como la Sanidad, la Educación y el modelo económico con el PSOE. Sin embargo, la proximidad de las elecciones locales y autonómicas –ante las que tanto Podemos como Ciudadanos mantienen desde el punto de vista ideológico y programático una ambigüedad calculada para no mermar sus aspiraciones– ha hecho que prime el cálculo electoral por encima de la conveniencia de que Andalucía disponga lo antes posible de un Gobierno, y no se sumerja en una parálisis institucional que agravará los acuciantes problemas de la comunidad. No ha habido, pues, voluntad alguna de acuerdo en Pablo Iglesias y Albert Rivera, más preocupados por no retratarse que por comprometerse con el interés general. La situación no puede prolongarse por más tiempo. La opción de convocar nuevas elecciones está ahí, aunque no sería la salida más deseable.