Pujol no podrá ocultar la verdad

La comparecencia de Jordi Pujol en el Parlament de Cataluña el pasado 26 de septiembre será recordada como uno de los ejercicios de obstruccionismo más patéticos que un político –aunque ahora no esté en ejercicio– puede poner en marcha para ocultar los hechos de que se le acusan. En su caso, de mantener en cuentas extranjeras cantidades millonarias sin declarar. Pero el ex president Pujol sigue sin colaborar con la Justicia, a pesar de que fue él mismo quien en su histórica confesión del 25 de julio aceptó la existencia de ese dinero. Ahora sabemos que con aquel gesto, que supuso un verdadero trauma para el nacionalismo catalán –siempre obsesionado en vender su puritanismo económico–, sólo buscaba adelantarse a la acción de la Justicia. Desde entonces, sólo ha hecho que obstruir la instrucción, como así ha denunciado el titular del Juzgado Número 31 de Barcelona, que investiga el caso. Pero, por mucho que se empeñe Pujol en no facilitar la documentación que acredite el origen lícito de su patrimonio bancario, se acabarán imponiendo los hechos. De entrada, la Policía, a través de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), ya está investigando las denuncias presentadas por decenas de ciudadanos, que abarcan desde el llamado «caso Banca Catalana», en 1984, hasta otras más recientes que reconocen haber pagado comisiones (el célebre 3% o más) para conseguir contratos de la Generalitat. En la comparecencia del Parlament, Pujol dijo que «la existencia de unos dineros en el extranjero puede ser muy criticada, pero no presupone que el origen de este dinero sea ilícito». Puede interpretarse de esta manera, si no entramos en las consideraciones éticas y de ejemplaridad que debe dar un responsable político con 23 años de ejercicio, pero, en todo caso, el origen lícito de ese dinero sí está en sus manos demostrarlo. Pero parece ser que ése no es su interés, como ya quedó en evidencia al recurrir la defensa de Pujol las comisiones rogatorias para investigar la fortuna de su familia en Andorra y Suiza, aunque finalmente ese recurso fue rechazado. Ayer, se anunció que España y Andorra ultiman un pacto para confiscar bienes de las investigaciones por fraude fiscal. Hasta ahora, los bienes andorranos de los que ocultan sus bienes a Hacienda eran intocables. Este acuerdo abriría un escenario que impediría la permisibilidad con la que se consienten las cuentas opacas. Aunque los responsables de la UDEF han desvinculado el caso de los Pujol de este pacto, sí que pone límite a casos continuados de corrupción y a su aceptación en la sociedad española como un mal menor. Los datos facilitados son claros: en lo que llevamos de año, la Policía ha llevado a cabo más de 1.100 investigaciones en la lucha contra el fraude, con 10.000 personas implicadas y 3.650 detenidos. Un total de 67 casos es corrupción política.