Que quede claro

El discurso que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pronunció ayer en la clausura de la Convención del Partido Popular de Cataluña es la demostración de que, frente a la «estafa intelectual» de la campaña separatista –en expresión de la Fiscalía a propósito del congreso de pseudohistoriadores «España contra Cataluña»–, la mejor respuesta se encuentra en la fortaleza de un Estado de Derecho garante de las libertades y anclado firmemente en el respeto a la Ley. Y la ley de leyes, es decir, la Constitución, establece que la autonomía de una comunidad no supone transferencia de soberanía alguna y que no otorga la propiedad del territorio sino la responsabilidad de gobernarlo de acuerdo a las normas. A partir de esta advocación incuestionable a la soberanía nacional, el presidente del Gobierno desmontó la falacia del llamado «derecho a decidir» con una claridad argumental que, sin duda, hará de este discurso el punto de inflexión en el conflicto provocado por el presidente de la Generalitat. Porque dado que ningún español es propietario de la provincia que ocupa –«la nación es un bien indiviso»– el futuro de España no se puede determinar en una comunidad autónoma mediante un referéndum particular, que ya en sí mismo sería ilegal, sino con el acuerdo de todos los afectados, es decir, de todos los españoles, porque todos comparten el mismo patrimonio, a todos les afectan las consecuencias de la fractura y todos han votado la Constitución, que así lo establece. Cataluña, en definitiva, no puede disponer de lo que pertenece a todos. Pero Mariano Rajoy no se ciñó a delimitar el campo legal en el que se debe debatir el problema. El presidente del Gobierno, con la misma claridad, advirtió a quienes exigen un trato diferente con Cataluña que el respeto a la Constitución y a las leyes obliga a todos, y que la solidaridad es de ida y vuelta. Así, rotundo, aseguró que no piensa escuchar las voces que piden que se corte el grifo de las ayudas a la Generalitat, ni va a frenar las inversiones ni está dispuesto a que se perturben lo más mínimo las posibilidades de recuperación de Cataluña. Eso sí, emplazó a Artur Mas a cumplir con sus obligaciones, que no son otras que las de gestionar con eficacia la administración autonómica y acatar la Ley, y exhortó a los militantes y simpatizantes populares a que mantengan la cabeza alta y luchen por el futuro de Cataluña. Ayer, en Barcelona, el presidente del Gobierno de España no sólo mostró la ilegitimidad del desafío separatista, sino que marcó también un nuevo tiempo en Cataluña. Un tiempo que, según la encuesta de NC Report que hoy publica LA RAZÓN, ve el estancamiento de los partidos radicales, que han tocado techo; la estabilización de CiU, que deja de caer, y la franca recuperación del PP y del PSC. Nada mejor que dejar la cosas claras.