Sindicatos de clase a costa del erario público

Nunca se acaba de perder la esperanza, cuando llega el Primero de Mayo, de que ese sea el año en que los sindicatos de clase de este país, Comisiones Obreras y UGT, sean capaces de afrontar la catarsis que se espera de ellos desde hace tiempo. La Fiesta del Trabajo, que se celebra hoy, tampoco será la que alumbre un nuevo tiempo para que el ejercicio del derecho fundamental a la libertad sindical deje de dar cobijo a una anacrónica estructura de poder desprestigiada por los escándalos, contestada por la opinión pública y cada día más distante de la realidad empresarial y de los intereses de los trabajadores, como demuestra el bajo nivel de afiliación. Los sindicatos están parapetados en un discurso del siglo pasado y sirven a la estrategia de la izquierda política para forzar un cambio de gobierno que favorezca sus intereses, no los de los trabajadores. Pese a que el Gobierno actuó con rigor contra sus privilegios y moduló su desproporcionado poder en relación con su implantación, hay situaciones, como la que avanza LA RAZÓN, sobre cómo CC OO y UGT cobran casi tres millones de euros de dinero público, por 82.000 delegados «fantasma» –que fueron elegidos en empresas que ya no existen– los cuales demuestran hasta qué punto este modelo sindical es incompatible con un país moderno y cómo urge repensarlo y ponerlo al día.