Sortu se salta las líneas rojas

Es una mera cuestión retórica la discusión sobre si Sortu, el partido político «abertzale», es heredero o no de la ilegalizada Batasuna. La historia y los hechos demuestran su afinidad ideológica y la coincidencia de fines –la independencia del País Vasco, con anexión de Navarra, bajo la fórmula de un Estado socialista autogestionario–, hasta el punto de que la propia sentencia del Tribunal Constitucional que, por un solo voto, torció la voluntad del Tribunal Supremo en junio de 2012 y permitió su inscripción en el registro de partidos establecía una larga serie de conductas delictivas que, cada una por sí sola, podían ser causa directa de una posterior ilegalización. En la lista podemos citar el enaltecimiento del terrorismo, la humillación de las víctimas, la negativa o ambigüedad en la condena de acciones terroristas, actos de exaltación de la violencia o, muy significativa en estos momentos, la equiparación de los sufrimientos de las víctimas con la de los presos de la banda etarra. Es decir, los magistrados del Constitucional no podían dejar de admitir, dada la larga experiencia vivida con el terrorismo etarra y sus sucesivos «brazos políticos», el más que probable incumplimiento por parte de la recién legalizada Sortu –que, además, había propuesto como principal dirigente a Arnaldo Otegi, que aún está cumpliendo condena– de la Ley de Partidos Políticos de 2002. Se argumentará, y así se hizo en su momento, que la expresión de tantas cautelas por parte de los magistrados era ya indicio suficiente de que la decisión de legalizar a la nueva franquicia de Batasuna era un error, pero ya es inútil llorar sobre la leche derramada. De lo que ahora se trata es de garantizar que Sortu se atiene al estricto cumplimiento de la Ley, aunque en su caso también podríamos hablar del respeto a los usos habituales en una democracia, sin caer en las estériles discusiones que precedieron al proceso de Batasuna, entre otras cosas, porque tenemos sobrada experiencia de la manera de obrar de los proetarras. Y la deriva que se está produciendo en el País Vasco, con el repunte de la violencia callejera, los ataques contra sedes de los partidos constitucionalistas y las expresiones de homenaje a los terroristas excarcelados por Estrasburgo indican que nos hallamos ante un punto de inflexión. Así lo ha entendido el Gobierno que, a través de los servicios de información de las Fuerzas de Seguridad del Estado, está recopilando, como hoy publica LA RAZÓN, los datos precisos para instar el eventual proceso de ilegalización. Si del resultado de las investigaciones, que deben ser exhaustivas, se dedujera que hay causa cierta, se debe actuar con la máxima contundencia. Sólo el convencimiento de que el imperio de la Ley está por encima de ellos y actúa llevará a los batasunos a aceptar de una vez por todas las reglas de la democracia.