Trapero «apuñala» a los golpistas

El testimonio del ex mayor de los Mossos d´Esquadra. José Luis Trapero, ante la sala del Tribunal Supremo que juzga la intentona golpista de la Generalitat de Cataluña seguía por los derroteros previstos hasta que, al hilo de una de las preguntas de los abogados defensores, el ex jefe policial reconoció que el 27 de octubre, fecha de la declaración unilateral de independencia, se había puesto a disposición de la Fiscalía Superior y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por si había que proceder a la detención sumaria del entonces presidente Carles Puigdemont y de sus consejeros. Añadió, que el plan para proceder al arresto estaba previsto y preparado desde hacía dos días. Tal declaración, hecha de manera inopinada y fuera del marco de la estrategia de defensa seguida hasta entonces, expresaba ante el propio tribunal juzgador, nada menos, la calificación que como agente de la Ley le merecían las conductas de los dirigentes políticos de la Generalitat, claramente inmersas, a su juicio, en el ámbito de lo delincuencial. Si no, no se explica la necesidad de precisar que «el plan para detener a los miembros del Govern» estaba dispuesto dos días antes de la proclamación de la independencia. De esta manera, el ex mayor Trapero, testigo propuesto por las defensas, trataba de desvincularse definitivamente de las acciones llevadas a cabo por Puigdemont y sus colaboradores, sobre quienes recaería toda la responsabilidad de los sucedido. Es más, el testigo, que está procesado por la Audiencia Nacional, no ocultó su malestar y el del resto de los miembros de la Policía autonómica catalana por el comportamiento irresponsable de sus mandos políticos, especialmente del ex consejero de Interior, Joaquim Forn, empeñados en llevar a cabo el referéndum pese a las advertencias de que podrían producirse graves alteraciones del orden público. En realidad, el policía José Luis Trapero no ha hecho más que poner de manifiesto lo que la mayoría de los ciudadanos, con independencia de la calificación penal que corresponda a los hechos, conocen: que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, cuya legitimidad de origen y de ejercicio procede de la Constitución española, atentó contra el propio orden constitucional. Es decir, quienes estaban más obligados por sus cargos de representación institucional a cumplir y hacer cumplir la Ley, no tuvieron el menor empacho en delinquir. Con su actitud arrastraron, de buen grado o no, a muchos de los funcionarios que tenían bajo su mando a bordear peligrosamente el delito. El testimonio del ex mayor Trapero fue, pues, el de uno de esos hombres y mujeres fatalmente atrapados por la dinámica de unos acontecimientos que habían sido provocados desde las mismas instituciones a las que servían y a las que no pudieron, quisieron o supieron oponerse, cuestión que dilucidarán los diversos procedimientos judiciales abiertos. Pero, a efectos prácticos, lo que vivimos ayer en la sala de audiencias del Supremo fue el enésimo señalamiento de las conductas de los acusados. No es de extrañar que las defensas de algunos de ellos hayan renunciado a contradecir los hechos. Que el presidente del Tribunal, Manuel Marchena, decidiera preguntar por primera vez a un testigo sobre el contenido de una reunión entre los dirigentes de la Generalitat y los mandos de la Policía autonómica, refleja la trascendencia penal de una declaración que traslada a la opinión pública la imagen del presidente de la Generalitat, un 28 de septiembre de 2017, prestando oídos sordos a quienes, lealmente, le advertían de la irresponsabilidad e ilegalidad de lo que pretendía hacer. Él no se sienta en el banquillo, pero el resto de los altos cargos políticos que asistieron a la reunión descrita crudamente por Trapero sí están ante los jueces.