Un curso político abocado al fracaso

El reinicio del curso político, con la reunión previa de la Diputación Permanente de las Cortes para acordar las comparecencias parlamentarias de los miembros del Ejecutivo en funciones, no ha hecho más que abundar en las notables diferencias de fondo que alejan las perspectivas de acuerdo de investidura entre el PSOE y Unidas Podemos. Eso es así, pese a las gentilezas para con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha tenido el partido de Pablo Iglesias, que no sólo le ha ahorrado una sesión extraordinaria a cuenta de la rocambolesca peripecia del «Open Arms», –de la que tendrá que responder en su lugar la vicepresidenta Carmen Calvo, poco apreciada, por lo visto, entre las filas del partido morado– sino que, además, ha llevado al formato parlamentario normal los debates sobre las dos últimas cumbres de la Unión Europea. Para un Gabinete como el actual, que desde el 22 de mayo sólo se ha dignado a responder a 226 de las 1.199 preguntas planteadas por los grupos del Congreso, es decir, menos de un 20 por ciento, tal actividad resulta febril, y aún lo sería más sin los guiños podemitas. Y, sin embargo, como señalábamos al principio, entre los socialistas han saltado las alarmas al comprobar cómo, una vez más, las huestes de Pablo Iglesias cerraban filas con los partidos separatistas catalanes y los proetarras de Bildu, en esta ocasión para exigir la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, para que diera explicaciones sobre un documento elaborado por «España Global», organismo que dirige Irene Lozano, para contrarrestar la campaña de intoxicación internacional que ha puesto en marcha la Generalitat de Cataluña, en la que denigran a la democracia española. Aunque el PSOE ha contado con los apoyos de PP, Ciudadanos y VOX para rechazar la comparecencia del titular de Exteriores, en un gesto inequívoco de sentido de Estado por parte de los tres partidos del llamado «bloque de derechas», la colaboración de Unidas Podemos en una más de las campañas de acoso y derribo del separatismo catalán contra el ministro Josep Borrell, que se ha convertido en la bestia negra de quienes pretenden dinamitar la Constitución, da cuenta de las dificultades objetivas que tendría cualquier forma de colaboración entre los socialistas y una izquierda radical que no ha abdicado de su apoyo al pretendido «derecho a decidir» de los nacionalistas y cuya reacción ante las sentencias que dicte el Tribunal Supremo contra los dirigentes del golpe en Cataluña permanece en la incógnita. Si ya de por sí es muy cuestionable que un partido socialdemócrata en la órbita europea, y, por lo tanto, comprometido con el cumplimiento de los acuerdos de estabilidad presupuestaria y estabilidad fiscal firmados con Bruselas, pueda compartir, no ya las responsabilidades de gobierno, sino un programa económico y social común, que luego hay que plasmar en los Presupuestos Generales, se convierte en imposible cuando, como advertía en una entrevista con LA RAZÓN, publicada el pasado domingo, el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, existe un profunda disparidad en la concepción del Estado entre el PSOE y la izquierda radical española. Y, así, señalaba el ministro, que no basta con reprimir, como ofrece Pablo Iglesias, unos planteamientos políticos, sino que es exigible la convicción en la defensa del Estado y la soberanía de los españoles, más allá de las normales diferencias ideológicas y de praxis entre distintos partidos políticos. Es una cuestión de fondo que, por supuesto, no se puede resolver desde el voluntarismo, al que parece haberse abonado el presidente Sánchez, convencido de que, al final, Pablo Iglesias y los nacionalistas no se atreverán a volver a las urnas.