Opinión

Un nuevo fraude en Andalucía

La Razón
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Desde hace cuatro años, cuando el 11 de marzo de 2011 se hizo público el «caso de los ERE» y, posteriormente, cuando se dio a conocer el uso fraudulento de los fondos para los cursos de formación, la vida política andaluza está marcada por estos casos de corrupción. En este tiempo, las investigaciones sobre estos dos casos han sacado a la luz una red extendida por todo el territorio andaluz, con una más que sospechosa connivencia del PSOE y de la Administración autonómica. Ayer, la Policía puso en marcha la tercera fase contra el fraude de los cursos de formación, que se ha saldado, de momento, con 15 detenidos, aunque hay hasta 90 personas investigadas, y la evidencia, de nuevo, de que existe una clara responsabilidad política por parte de los socialistas andaluces. Las detenciones, que tuvieron lugar en las provincias de Almería, Cádiz y Málaga, se produjeron entre políticos, funcionarios y empresarios que organizaron falsos cursos de formación. La «operación Edu» salió a la luz el pasado mes de abril al hacerse pública la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre las subvenciones del Gobierno andaluz para la convocatoria de cursos de Formación Profesional Ocupacional. Desde entonces, la investigación ha ampliado la trama y, según los cálculos de la UDEF, el fraude puede ser multimillonario. Hay que partir del hecho de que la Junta ha destinado 3.700 millones a estos planes y que sólo en 19 expedientes en tres provincias se han detectado 400 millones de fraude, además de constatarse que algunas de las empresas «organizadoras» de los cursos son «auténticas tapaderas», según fuentes de la investigación, sin otro propósito que el de defraudar. El «modus operandi» de esta trama es muy similar al de los ERE: el uso de la Administración autonómica para beneficiarse engañosamente de fondos públicos. En ambos casos queda clara la connivencia de la Junta de Andalucía, algo que deberán dilucidar los tribunales, pero, en todo caso, la absoluta falta de control. Una red tan extendida en el territorio y que ha prolongado tanto esta práctica con total impunidad sólo puede mantenerse desde la dejadez o el consentimiento de los responsables políticos. La jueza Mercedes Alaya imputó ayer a 34 personas más en el «caso de los ERE», lo que supone que la cifra ascienda ya a 265 y da prueba de la extensión de la trama. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha salido al paso tras llevarse a cabo la «operación Edu» y ha pedido celeridad y dureza para que se castigue a los responsables. Los tribunales, sin duda, harán su trabajo y la Junta de Andalucía debe colaborar en la investigación y, en el momento en el que se demuestre que se ha cometido un delito, depurar responsabilidades políticas.