Un régimen corrupto

El fondo de los ERE, dotado de 855 millones, se crea en 2001 para actuar con celeridad frente a los conflictos laborales. De estas ayudas se beneficiaron hasta 2011 numerosas empresas y personas que ni siquiera habían trabajado. Estos fondos fueron gestionados a través de UGT y CC OO, además de por aseguradoras y consultoras, ahora implicadas en el caso. Lo que en un principio sólo parecía una falta administrativa, a medida que la jueza Mercedes Alaya avanzó en la instrucción procesal, se fue revelando un caso de corrupción masiva, de oscuras ramificaciones políticas y sindicales y un total de 272 imputados, entre los que hay altos responsables políticos de la Junta. Sin embargo, el PSOE, que ha gobernado Andalucía ininterrumpidamente desde entonces, negó en todo momento su responsabilidad y justificó la investigación abierta como una operación política. Según el instructor del «caso de los ERE» en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán prevaricaron. En concreto, se produjo «prevaricación administrativa», o dictar una resolución aun sabiendo que es injusta. Según el artículo 404 del Código Penal, este delito está castigado con la inhabilitación de empleo y cargo público. Según el Supremo, hay los mismos indicios de delitos contra los ex consejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, incluso por malversación de fondos en este último caso. La imputación a Chaves le ha obligado a renunciar a su escaño, algo que no había hecho, a diferencia de Griñán. Los dirigentes andaluces negaron siempre cualquier responsabilidad, incluso cuando la instrucción, ahora ratificada por el Tribunal Supremo, mostraba una red de clientelismo y corrupción que implicaba a toda la estructura de la Junta. El juez, a lo largo de 129 folios, analiza el sistema utilizado para conceder unas ayudas sobre las que no se ejercía ningún control. Uno de los hechos en los que Barreiro hace especial hincapié para demostrar que había la intención de prevaricar son las 22 veces que se modificaron estos presupuestos durante la concesión de las subvenciones de los ERE. Los fondos públicos defraudados ascienden a 136 millones. La imputación formal de los ex presidentes de la Junta Chaves y Griñán sitúa la responsabilidad del caso al más alto nivel político y obligará a la presidenta, Susana Díaz, a llegar hasta el final en la renovación del socialismo andaluz en la que se ha empeñado. La imputación de dirigentes tan señalados como Chaves y Griñán es, paradójicamente, un balón de oxígeno para la nueva presidenta, que, pese a adelantar y ganar las elecciones acosada por la corrupción, era evidente la debilidad de su posición, a pesar del acuerdo alcanzado con Ciudadanos, porque la estabilidad de su Gobierno dependía del futuro de Chaves. Ahora ya lo sabemos.