Una pregunta que no procede

Artur Mas prepara la última escenificación de su proceso de secesión: en unas semanas, el próximo día 16, anunciará la pregunta que piensa trasladar a los catalanes en un referéndum cuya particularidad es que no se celebrará, al menos no legalmente. No elegirá la tribuna del Parlament, sino las cámaras de TV3, lo que supone, de nuevo, un uso partidista de un medio de comunicación público para asuntos a los que una parte de la sociedad catalana ha dado la espalda, pues la pregunta que se formule no deja de ser un acuerdo entre CiU y ERC, y no tiene otro objetivo que la secesión. Este viaje hacia ninguna parte se basa en un inexistente «derecho a decidir» que no reconoce ninguna Constitución democrática. Conviene repetirlo cuantas veces haga falta, porque en este enredo se sustenta una supuesta legitimidad: nadie niega un derecho que las sociedades democráticas ejercen tantas veces son llamadas a las urnas, pero sí hay que denunciar la confusión que detrás de dicho derecho –parece que adánicamente concedido sólo al pueblo catalán– se oculta la voluntad de secesión de una parte de España sin tan siquiera contar con la otra. Ése es el subterfugio legal que el independentismo catalán ha creado para alcanzar sus objetivos. En enero de este año, el Parlament aprobó muy solemnemente –pero con una parte de la Cámara ausente– una «declaración de soberanía» con la que Cataluña se constituía en «sujeto político y jurídico soberano» por encima del resto de los españoles. Fue un acuerdo en contra de la Constitución, pero su juego quedó expresado con claridad por el líder de ERC: «El derecho a decidir y el de soberanía son inseparables». Luego llegó el momento de buscar la fórmula de ejercer el «derecho a decidir» siguiendo un informe de un autoproclamado Consejo Asesor de la Transición Nacional. Se trata de recibir las competencias estatales para convocar una consulta prevista en el artículo 150.2 de la Constitución. Para ello, claro está, debe presentarlo en las Cortes y ser aprobado. «El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación», consta en dicho artículo, pero nada dice de que pueda utilizarse con el fin de realizar un referéndum para proclamar la independencia de una parte de España. El Parlamento lo rechazará, lo saben Mas, Junqueras y todo el nacionalismo, pero esta negativa es la energía victimista que mueve al nacionalismo. De este viaje se ha bajado, al fin, el PSC, empujado por un electorado que no entiende este proceso mientras que Mas lleva a Cataluña a un callejón sin salida. Ahora llega el momento de elegir la pregunta que se someterá a consulta en un referéndum que nunca se realizará, mientras Europa da la espalda a una aventura irresponsable.