Vigencia de la Constitución del 78

La Constitución de 1978 salió adelante porque no había otra salida. O España se dotaba de un instrumento jurídico-político que asentara nuestra recién nacida democracia o ese nuevo proyecto de país fracasaría. España tenía que salir de una dictadura para entrar con pleno derecho en una democracia y tenía que ser el conjunto de la sociedad quien diera ese paso, las nuevas instituciones y los ciudadanos. Las dificultades eran tantas, acechaban tantos enemigos para recorrer ese camino, que no había otra solución que crear un gran consenso para que ese texto legal acogiera a todos los españoles. Ese ha sido su gran éxito. Desde ese principio, los siete ponentes redactaron un proyecto que rompía el corsé izquierda-derecha y lo abría a todas las formaciones, derecha (Manuel Fraga), centro (Gabriel Cisneros, Pérez-Llorca y Herrero de Miñón), socialistas (Gregorio Peces-Barba), comunistas (Jordi Solé Tura) y catalanistas (Miquel Roca). La Constitución no era de nadie y era de todos, lo que en sí mismo ha sido una virtud que ha impedido una militantismo que acabara por apropiarse de ella. Ningún partido puso su bandera en el texto y, en lo fundamental, en la garantía de derechos y libertades, ha sido ejemplar. España se ha desarrollado en un marco de convivencia en el que todas las opciones políticas se han podido expresar, incluso aquellas que rechazan el texto constitucional y las bases mismas de la democracia. Ha permitido desarrollar una legislación en derechos civiles avanzada y moderna. Los gobiernos, a izquierda y derecha, se han alternado en orden y sin provocar vacíos de poder. Ha sido un verdadera constitución liberal con un sentido integrador de la nación, respeto a la pluralidad y con espíritu de perdurar, que es a lo que aspiran los buenos textos. La mayoría de las constituciones europeas, surgidas para dar respuesta al desastre de la guerra, tienen más de sesenta años y han reducido bajo mínimos la posibilidad de poderlas cambiar radicalmente. Se cumple hoy el 40 aniversario de la aprobación en referéndum del proyecto constitucional del 78 en un momento crucial: el «proceso» independentista catalán ha atacado frontalmente a la Carta Magna, no sólo por el incumplimiento reiterativo de su articulado, sino por liquidar su vigencia con la construcción de un nuevo Estado. El pacto constitucional se ha mantenido desde la lealtad que ha permitido que desde el propio texto –desde el constituyente representado por todo el pueblo español–, Cataluña se dotase de un Estatuto con margen de autogobierno que sitúa a nuestro país en uno de los más descentralizados de Europa. Quienes proponen reformar la Constitución como solución al «problema catalán» olvidan que antes hay que reconstruir la lealtad, y para dar este paso es necesario aceptar el orden constitucional. No existe otra solución. Es decir, si la solución es abrir la puerta al «derecho a decidir» o de autodeterminación, no ha hace falta hacer este viaje. Cuarenta años después, volvemos a enfrentarnos a un debate que entonces se cerró bajo el convencimiento de que la lealtad a la Constitución impediría ponerla al límite. Fue el caso del artículo 150.2 en el que dice que «el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación», precisamente el que los independentistas reclaman para celebrar un referéndum de autodeterminación. A la cuestión de por qué existía un artículo que abría la liquidación de la Constitución, la respuesta fue de la ingenuidad enternecedora de aquellos años: porque nunca se reclamaría. Acabar con el «régimen del 78» es, en estos momentos, minar la democracia en España.