Desconcierto por el cisma en el Supremo

Puede argumentarse a favor o en contra de que sean los clientes o los bancos los que tengan que hacer frente al pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que imponen las comunidades autónomas al constituir un crédito hipotecario, pero lo que no parece de recibo es que el Tribunal Supremo haya tomado la decisión por una mayoría de 15 a 13 votos de los magistrados del pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo, demostrando una fractura de criterio que siembra el desconcierto ciudadano y que, como era de esperar, ha sido de inmediato aprovechada por la izquierda radical para poner en duda la calidad de nuestra democracia y la independencia de la Justicia, en una muestra de oportunismo político difícil de superar. Pero lo cierto es que ha sido el Alto Tribunal con su insólita decisión de recurrirse a sí mismo el que ha creado falsas expectativas entre los ciudadanos y ha favorecido, sin duda inadvertidamente, la siembra oportunista de sospechas y de maledicencias sobre su imparcialidad. No podemos suscribir ni unas ni otras, pero el espectáculo de división, de cisma, trasluce una grave inseguridad de los magistrados ante un asunto de tanta trascendencia en un país donde prima la compra de la vivienda habitual.