Otro brazo político del terrorismo

El juez de la Audiencia Nacional García Castellón envió ayer a prisión a los siete CDR detenidos en la operación Judas contra un talde que ultimaba acciones contra acuartelamientos y otras dependencias del Estado. La resolución les imputa posibles delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos. A las pruebas acumuladas en casi dos años de investigación de la Guardia Civil, que ha incluido escuchas y grabaciones de los arrestados en plenas pruebas con los explosivos, se ha sumado la confesión de dos arrestados. Nada de todo ello ha impedido que el independentismo ratificara que es un caso perdido para la democracia. Negar la realidad de un grupo criminal y hablar de montaje del Estado es ya una psicopatía entre la casta golpista, además de una estrategia de aliento del enfrentamiento y el clima insurreccional en Cataluña ante la próxima sentencia del procés. Esa voluntad hostil contra la democracia quedó ayer demostrada en la bochornosa revuelta en el Parlament en apoyo a gentes con explosivos y armas. Ni uno de los diputados supremacistas se preguntó por qué y para qué se almacenaba material para las bombas. Prefirieron convertirse en el brazo político de los presuntos terroristas.