Reflexión y votación son sagrados y deben ser blindados

Del Gobierno separatista de Cataluña cabe esperar cualquier cosa que no sea el respeto a la Ley. Que desde una administración se dediquen a alentar y planificar la vulneración de derechos de una mayoría de sus conciudadanos e institucionalicen una actividad pública liberticida es una anomalía que no se encuentra en democracia alguna del mundo. Especialmente hiriente para quienes sufren las tropelías de estos forajidos de cuello estelado es la impunidad de la que gozan sus actos insurrectos. Que un presidente se dedique a cortar una autovía o a jalear la violencia en las calles contra sus vecinos es una imagen denigrante para Cataluña. En esa línea, la portavoz de Torra, Meritxell Budó, defendió ayer las algaradas que se anuncian en las jornadas de reflexión y de votación del 10-N. Hablamos del corazón de la democracia, el voto, y como tal debe ser inviolable. Intercerder, coaccionar, acosar al elector en el ejercicio de un derecho fundamental resulta inadmisible por delictivo. Colaborar con ese estado de agitación contra la libertad tendría que tener una respuesta legal. En todo caso, el Gobierno tiene el deber de garantizar con todos los medios a su alcance que los catalanes puedan acudir a los colegios electorales sin que los Tonton Macoute de Torra los intimiden.