Uso y abuso del derecho de huelga

La radiografía de la conflictividad social en Madrid en 2012 expresa de forma inequívoca el abuso irresponsable de un derecho. Las pérdidas por las huelgas en el sector público regional ascendieron a 1.748 millones y 23.780 empleos, sin mencionar el daño y el trastorno a decenas de miles de comerciantes y vecinos de una ciudad que sufrió 2.500 manifestaciones, nada menos que siete diarias. Un derecho pierde su legitimidad cuando se ejercita a costa de pisotear otros. Y más aún si se convierte en ariete de una estrategia política.