Entereza de Ayuso contra la guerra sucia

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido no acudir a la reunión con Pedro Sánchez en el Palacio de La Moncloa dentro de la ronda con los mandatarios autonómicos para encubrir y diluir el escándalo del cupo catalán pactado con el separatismo y que supone la ruptura de la caja común y la igualdad entre españoles. Isabel Díaz Ayuso ha explicado que su respuesta se justifica en la difamación continuada del jefe del Ejecutivo y de su gabinete con su persona y su entorno y «la ruptura de la Hacienda común» acordada con los independentistas catalanes como condición para que Salvador Illa se convirtiera en presidente de la Generalitat. Más allá de las astracanadas y bravuconadas de los ministros hiperventilados, que han salido en tromba al toque de corneta en cuanto se ha hecho pública la negativa, Díaz Ayuso no tenía obligación alguna de atender el requerimiento, menos aún en el escenario cenagoso que el sanchismo alimenta desde hace meses en un linchamiento personal sin límite moral ni formal alguno. Podríamos recuperar la catarata de ultrajes e improperios del presidente y sus leales contra la presidenta y su familia, pero nos quedaríamos sin espacio. El objetivo de su eliminación se ha convertido en una obsesión personal de Moncloa, casi en una política de estado. Ni sus padres ni su hermano ni su pareja se han librado de las calumnias oficiales en una operación mafiosa para dañar a través de sus seres queridos a la adversaria que no han podido derrotar en buena lid y que los ha arrebatado la plaza más anhelada como es Madrid. No se nos ocurre vileza mayor de este régimen desorejado que ha emprendido una huida hacia delante acosado por sus escándalos de corrupción ya judicializados que se agravan día a día con cada revelación, parapetado en el bulo y la desinformación, dimensionado por su escolanía mediática. Así que la presidenta de la Comunidad de Madrid, desde la consideración a sus compañeros de partido que atendieron la cita con Sánchez sin otro resultado que su desinterés e intransigencia, ha respondido con proporcionalidad, coraje político y buen juicio a la emboscada oficial y a la deshonestidad practicada por el poder. El respeto institucional es un patrimonio de la democracia que se debe preservar y garantizar en circunstancias a veces incómodas, pero Sánchez se ha encargado también de reventar este código de conducta y de relación entre administraciones con la guerra sucia más indigna que se recuerda contra particulares inocentes cuyo único delito ha sido ser familiares de la presidenta madrileña. Así que ha contraído deméritos de sobra para recoger el fruto de su siembra ponzoñosa. La oposición debe entender cuanto antes que el actual inquilino de La Moncloa es culpable de la degradación de la democracia hasta límites peligrosísimos y que ha quedado deslegitimado por sus actos y sus mentiras. Responder en consecuencia es una cuestión de principios y de lealtad a los ciudadanos estafados por el poder. Poner la otra mejilla no es la opción que Sánchez merece.