El Gobierno se ensaña contra la vivienda

España ha publicado por primera vez el nuevo índice de referencia de arrendamientos de vivienda del INE que tiene como objetivo exclusivo limitar las subidas del alquiler. En principio, la actualización anual de los contratos se ha situado en el 2,20% y será aplicable para los que hayan sido firmados desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, el 25 de mayo de 2023. Las esperanzas de que la nueva ocurrencia reconduzca la espiral alcista de las rentas son escasas, por no decir que inexistentes. La novedad es que no la hay y que Moncloa, como en tantos otros ámbitos, prefiere alentar la entelequia del milagro a reconocer un error. Este baremo regulador, que pretende apretar el cinturón de los arrendadores, es otro fruto amargo de una política que se ha manifestado contraproducente y tóxica en el encomiable propósito de facilitar a los ciudadanos un techo digno. Camino de dos años bajo el yugo de una Ley de Vivienda que no merece tal calificativo, el balance ha sido netamente negativo. Hasta el punto de que aquello que fue alumbrado como una solución se ha transformado en un problema crítico. Que el alquiler haya crecido un 11,5% interanual en nuestro país en 2024 hasta haber alcanzado un nuevo récord o que la oferta se haya desplomado en porcentajes de dos dígitos no ha acontecido por generación espontánea ni ha sido el producto de la perversa malicia de los codiciosos propietarios, sino los efectos del marco legal promovido por la izquierda sin contar con el sector ni atender a las razones de los expertos. Ha habido tiempo y motivos para cuestionar una Ley que había suscitado el rechazo de la mayoría de las comunidades autónomas y notables reparos en el resto, incluidas las socialistas. Más aún después de evaluar su impacto en Cataluña, el único gobierno regional en haberla aplicado abiertamente, con un recorte de la oferta y un desmoronamiento del 17,2 % en la firma de contratos. El mercado de la vivienda no funciona en nuestro país y no lo hará con políticas que han fracasado allí donde se han aplicado. Con una apuesta decidida por una iniciativa absurda, sin corregir el rumbo netamente errado, la previsión es que el panorama empeore todavía más y que la nociva ecuación de menos oferta y encarecimiento de la renta se recrudezca. El intervencionismo, la sobrerregulación, la inseguridad jurídica de los propietarios, la falta de incentivos, la carencia de suelo construible han sido los obstáculos que han frustrado el acceso a la vivienda con el sanchismo. El presidente destruye lo que finge proteger, pero sobre todas las cosas lo instrumentaliza convencido de que exprimirá su rédito político y de la frágil memoria colectiva. Desde 2019, ha prometido más de 240.000 nuevas casas que no ha construido. No ampara el derecho a una vivienda digna, lo utiliza. La crisis está así garantizada.