Se hizo, y se hizo bien

El presidente del Gobierno en funciones, en una comparecencia celebrada en el marco de la 78º Asamblea de las Naciones Unidas, ha dicho sobre lo ocurrido en Cataluña en 2017 que «…nosotros nos encontramos una situación traumática de desgarro en Cataluña. Con un Parlamento que se saltaba la Constitución. Que aprobó una declaración unilateral de independencia. Lo nunca visto en la historia democrática de nuestro país» y a renglón seguido y en relación a estos hechos que «una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial como vimos en toda esta crisis» y remató, refiriéndose a la querella presentada por el malogrado y siempre recordado gran Fiscal General José Manuel Maza, que trasladó su malestar al señor Rajoy cuando abrió las puertas a todas estas causas judiciales a través de la Audiencia Nacional, y todo ello, para concluir que «era la judicial, un conflicto que tenía una raíz política».

Al margen de las reacciones políticas a tales declaraciones ya realizadas y en las que no debo entrar, se hace necesario valorar, si cabe con mayor contundencia, la gran labor desarrollada por el poder judicial y la fiscalía en este caso, cuyos miembros estaban obligados ante la comisión de unos hechos delictivos a actuar; no estamos ante una opción política donde se puede decidir esto y lo contario, estamos ante hechos que al margen de su contexto político que nadie duda, se convirtieron en hechos delictivos, ante los cuales la justicia, bajo el yugo del principio de persecución penal como máxima expresión en el ámbito penal del principio de legalidad, no tiene más opción que actuar.

El fiscal general del Estado no se encontraba ante una situación que le permitiera elegir, su función le conminaba a perseguir los hechos criminales cometidos, y lo hizo y lo hizo bien, y no podemos olvidar que la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que condenó los hechos como delictivos con una excelente sentencia que posteriormente perdió gran parte de sus efectos como consecuencia del ejercicio del derecho de gracia por el actual Gobierno. El delito de persecución penal defiende la igualdad ante la ley y la justa expiación del hecho. No es dable trasladar a la ciudadanía que la justicia penal es una especie de ejercicio opcional que depende de las circunstancias políticas coyunturales.

Esto es muy serio, está en juego no solo la imagen del Poder Judicial español sino su legitimidad democrática, y esto hay que decirlo alto y claro. El relato que se está instalando para justificar una amnistía, o como quiera que se le denomine, es muy peligroso; se dice que lo ocurrido en Cataluña fue un conflicto político que debió resolverse por cauces políticos y la actuación penal y la ley que se aplicó fueron injustas, justificándose así una amnistía; esto además de no ser cierto es muy grave y peligroso, está en juego la calidad de nuestra democracia. Muchos delitos se cometen en contextos metajurídicos que los explican, pero nunca los pueden justificar, y trasladar a la opinión pública que lo que hizo en aquel momento el fiscal general del Estado fue un error como consecuencia del ejercicio de una opción es además de erróneo, sumamente injusto y profundamente desacertado.

La amnistía ya no tiene quien la defienda, su inconstitucionalidad palmaria esta más que explicada, y ello porque en España gracias a una excelente transición política gozamos de un sistema democrático basado en el estado de derecho y en la separación de poderes, y esto no se puede soslayar para justificar una aberración constitucional que haría de España un país con una mucha menor calidad democrática.