Ley de hierro en Vox

Juan García-Gallardo, exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y uno de los principales referentes de Vox, ha anunciado su salida de la política. Según su carta de despedida, se trata de una decisión que pone de manifiesto los sacrificios inherentes al ejercicio virtuoso (desde su óptica) de la política y el constante escrutinio mediático que conlleva militar en Vox. Como en toda profesión rectamente ejercida, la política exige renuncias, pero además la política requiere de vigilancia permanente por parte de una sociedad que, con razón, recela de la concentración de poder. Siguiendo la advertencia de Lord Acton de que «el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente»: y por eso hay que fiscalizar siempre al político.

Pero el aspecto más relevante de su misiva es la denuncia de la progresiva centralización del poder en la cúpula de Vox. Así, Gallardo alude a la llamada ley de hierro de las oligarquías, formulada por el sociólogo Robert Michels. Dicha ley establece que cualquier organización –sea política, empresarial o social– termina inevitablemente gobernada por una minoría. Esto no implica forzosamente corrupción o comportamientos abusivos: simplemente describe la dinámica natural de toda estructura de poder (que lo ejerce un reducido número de personas).

Y esa centralización conlleva fricciones dentro de la organización. Cuando el núcleo dirigente estrecha su control, la autonomía de líderes regionales se ve menguada. En el caso de Gallardo, ello se tradujo en desacuerdos estratégicos y organizativos que han culminado en su salida. Este desencuentro no es una excepción ni en Vox ni en otros partidos: la ley de hierro de las oligarquías opera en todos ellos y también en el Estado mismo, incluso bajo formas democráticas.

La cuestión última radica, claro, en por qué deberíamos someter nuestras vidas a la voluntad de una oligarquía política, en lugar de limitar el alcance del Estado y permitir que cada individuo tome sus propias decisiones. Quizá el mayor antídoto contra la corrupción consista en reducir la esfera política al mínimo imprescindible y trasladar el poder al ámbito de la libertad personal.

En conclusión, la renuncia de Gallardo ilustra nuevamente la imposibilidad de suprimir la ley de hierro de las oligarquías. Ante ello, fortalecer la responsabilidad individual y reducir la injerencia estatal emerge como la vía más realista para preservar nuestra libertad frente a las oligarquías que desean someternos.