Editorial
La mancha indeleble de Bildu en la campaña
Crecen las voces de prestigio que defienden que los albaceas del terror no son democráticos, pero tampoco legales, y que se cuentan con razones políticas y fundamentos jurídicos de peso para probarlo.
La de hoy es una jornada de obligada e intensa reflexión sobre la cita electoral de mañana. Ha sido una campaña tumultuosa y cada votante acumula múltiples elementos de juicio para ejercer su derecho al sufragio. Pero ninguno más turbador que la presencia de 44 etarras en las listas de EH Bildu. Estallado el escándalo, se nos dijo, con Arnaldo Otegi de portavoz, que los siete terroristas condenados por delitos de sangre renunciarían a ocupar sus puestos en las instituciones correspondientes y hay quien se dio por satisfecho con que 37 ocuparan cargos. Todos ellos aspiran aún hoy a sentarse en los escaños. La Fiscalía ratificó que ninguno de los servidores del hacha y la serpiente tenían causa de inelegibilidad, o lo que es igual que estaban al corriente con la Justicia por los crímenes cometidos. Luego, hemos conocido que no era así en el caso de al menos una pistolera gracias a Dignidad y Justicia. Lo lógico sería que el Ministerio Público, previa disculpa y explicación, hubiera anunciado una revisión de oficio y a fondo de las liquidaciones de condena de los postulantes proetarras al 28-M. De momento, la Fiscalía guarda silencio no sin antes descargar toda la responsabilidad del bochorno en la Junta Electoral. Asistimos a otro capítulo más de ese proceso de blanqueamiento de ETA y sus legatarios que tanto ensucia la democracia. Se ha justificado ante las víctimas y los ciudadanos de bien que es una victoria que los terroristas y sus compinches hagan hoy política y no empuñen las pistolas. Es un pobre y desesperado argumento con el que estamos en absoluto desacuerdo. No es la democracia la que debe bajar el listón moral y legal a sus enemigos, y menos compadrear con ellos, sino que son estos quienes están obligados a cumplir con todas y cada una de sus exigencias y principios para poder participar en ella. Y ETA y los suyos no lo han hecho. Es más, su proyecto criminal contra la nación y sus ciudadanos se mantiene inalterable. Tampoco podemos naturalizar lo que es una excepción dramática en el mundo occidental. En ningún país los verdugos han sido invitados y acomodados en la dirección del mismo Estado que anegaron de sangre inocente y que ha desplazado a las cunetas del olvido a sus víctimas. Reflexionar sobre esta cruel paradoja es un deber de todos los españoles cualquiera que sea su afinidad política e ideológica. No someterse al mal ni colaborar con él es un principio ético que dignifica. Partidos homologables a EH Bildu son hoy ilegales en las naciones más garantistas. En España lo fue Batasuna tras una sentencia ejemplar del Tribunal Supremo en virtud de la Ley de Partidos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo avaló en tres resoluciones. Gracias a Dignidad y Justicia conocemos que Bildu ha presentado a casi 90 condenados en sus listas desde 2011. Crecen las voces de prestigio que defienden que los albaceas del terror no son democráticos, pero tampoco legales, y que se cuentan con razones políticas y fundamentos jurídicos de peso para probarlo.
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