Recursos en defensa de la democracia

La Ley de Amnistía no es uno de tantos atropellos y abusos que se puedan computar en el debe del sanchismo. Tampoco únicamente una iniciativa que choca contra la Constitución que este Gobierno ha convertido en un hábito –acumula tantas censuras del tribunal de garantías que abochornaría a cualquier responsable serio–. Ni siquiera un ejercicio de arbitrariedad y despotismo contra la concordia en una sociedad bajo los estragos y los embates de una acción ejecutiva dolosa. El borrado de los delitos de todos los implicados y relacionados con el procés, desde la malversación a la traición pasando por el terrorismo y los desórdenes sediciosos, es todo lo anterior y muchísimo más. El pacto entre un político y otro en busca y captura para beneficio de ambos al margen de la legalidad y de todos los poderes del estado supone el mayor acto de corrupción institucional que se recuerda en Europa, además, por supuesto, del mayor ataque al orden constitucional en la historia de nuestro régimen liberal pues el origen y la autoría del fraude han partido del mismo Gobierno con la utilización y el despliegue de todos los medios del estado empleados para acabar con ese mismo estado, en una paradoja sin precedentes. Era, por tanto, un deber moral y una emergencia democrática combatir por todos los medios jurídicos, políticos, institucionales y sociales esa aberración que consiste en convertir a los delincuentes en héroes y en transformar delitos de lesa patria en conductas honorables. Blanquear las andanzas de un grupo de políticos separatistas para imponer un relato contra la verdad judicial y, sobre todo, contra la evidencia y la dignidad. Y todo por la ambición de poder de un presidente capaz de todo a lomos de una pulsión autoritaria cada día más acentuada. Los barones del PP han cumplido con la obligación contraída con los españoles con sus recursos en cascada contra La Ley de Amnistía presentados en el Tribunal Constitucional. Y lo han hecho plenos de consistencia y razón «en defensa de la igualdad de todos los españoles ante la ley, de la seguridad jurídica y la división de poderes». Las recusaciones de los magistrados Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez por sus vínculos y proximidad con el PSOE y el Gobierno han sido inevitables. Todos ellos son cuestionables en cuanto a su imparcialidad e independencia y están inhabilitados de pleno para formar parte del procedimiento relacionado con la amnistía. Los fundamentos nos parecen inapelables y están en línea del consenso planteado por los grandes juristas de este país. Queremos ponderar también que Castilla-La Mancha, con García-Page, sea el único gobierno socialista en poner por delante la Ley y los derechos de sus ciudadanos al presidente y sus tratos corruptos. El Constitucional tiene la palabra, como también la Justicia europea, con las cuestiones prejudiciales planteadas. No somos cándidos. Sánchez lo tiene todo atado y bien atado con Pumpido y sus magistradas. No le saldrá gratis. En todo caso, es una cuestión de Estado y Ayuso, Mazón y el resto de barones han estado a la altura.