¿Regeneración o degeneración de la democracia?

Hace unos meses el presidente del Gobierno anunció un plan, inminente, para regenerar la democracia. No conoceremos el contenido exacto hasta el próximo día 17, pero ya se han avanzado algunas de las medidas que se pretenden implantar. Esperaba yo que, al tratarse de regenerar la democracia, empezaran por establecer medidas de conciliación que obligaran a los partidos más votados a llegar a acuerdos de Estado en temas de vital importancia para todos, pero me temo que esta medida, no se incluirá. Sí habrá, por supuesto, medidas referidas a los medios de comunicación, a los periodistas y a su quehacer informativo (sobre todo medidas contra los que «hacen mal su trabajo», contra las «máquinas del fango»).

Se me encienden todas las alarmas cuando desde el Gobierno, desde cualquier Gobierno, se pretende controlar (perdón, regular) la acción de los medios de comunicación y de los periodistas, algo más típico de dictaduras que de democracias (incluso de las más regeneradas). Parece que se olvida que la libertad de expresión (y también la de información) es un derecho de libertad que, para ejercerse, solo precisa del Estado que se abstenga de intervenir. Así es como los medios de comunicación, la prensa libre, actúan como límite al poder. Su misión es la de controlar al poder (como perros guardianes que son) y denunciar sus abusos, extralimitaciones, errores, incoherencias... No al revés. Es importante no olvidar que entre las funciones del Gobierno no se encuentra el control de los periodistas ni de los medios de comunicación.

Como decía antes, aún no conocemos el contenido del plan de regeneración completo, pero de las declaraciones realizadas a este respecto por el presidente y otros miembros del Gobierno, sabemos que algunas de las acciones afectarán directamente a los medios. Así, parece que se piensa en la reforma de las leyes L.O. 2/1984, de 26 de marzo, del derecho de rectificación y la L.O1/82, de 5 de mayo, de protección del derecho al honor, intimidad y propia imagen, la revisión de la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de publicidad y comunicación institucional, la lucha contra la desinformación, etc…

Respecto a la reforma de leyes de los derechos de rectificación, honor, intimidad y propia imagen, parece innecesaria. Se trata de leyes antiguas, eso es cierto, pero que cumplen perfectamente con el fin para el que fueron creadas y dan respuesta a los conflictos que se producen en relación con su contenido, incluso cuando estos se producen en el mundo digital. Son normas que, a lo largo del tiempo, se han visto completadas con otras normas nacionales y supranacionales y con una excelsa jurisprudencia que ha resuelto cualquier duda o falla que pudieran tener.

Desconozco en qué consistirá la reforma, pero debe tenerse en cuenta que las leyes no pueden ser dictadas ad personam, ni reformadas por intereses particulares. Así, aunque se reforme el honor, la libertad de información seguirá primando cuando se trate de informaciones veraces y de interés público, máxime si se trata de personas públicas.

En cuanto al reparto de la publicidad institucional, deberá adaptarse al Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA), pero no en el sentido que dice el presidente, sino en términos de transparencia, equidad, pluralismo, etc. Sánchez avanzó que reformaría la ley para evitar que pseudomedios que actúan como «máquinas del fango» se beneficien del dinero público para diseminar sus bulos; pero la norma europea, a lo que obliga, es a una total transparencia en cuanto a que el ciudadano sepa qué medios (y en qué cuantía) reciben dinero en concepto de publicidad institucional. Asimismo, debe entenderse que ese dinero (importante fuente de financiación para muchos medios), debe repartirse de manera equitativa sin que pueda utilizarse como premio para los medios afines, ni como castigo para los más críticos.

Por último, el Gobierno también se propone implementar medidas para la lucha contra la desinformación, un tema que preocupa seriamente en Europa y en el resto del mundo, sobre todo en lo que tiene que ver con las injerencias extranjeras y su incidencia en ciertos procesos democráticos. La pregunta es si es el Gobierno el que debe decidir qué es y qué no es desinformación. Si es el Gobierno quien debe establecer la diferencia entre medios y pseudomedios, sobre todo cuando ya los han definido atendiendo únicamente a criterios ideológicos, ignorando (u omitiendo) que la desinformación no responde a una sola ideología.

Habrá que esperar a ver cómo se plantean estas medidas y qué recogen, pero no puede perderse de vista que cualquier ley de prensa (o que afecte a la libertad de prensa) debe respetar el pluralismo, la libertad de información (en todas sus facetas) y la independencia de los medios. Cualquier norma en sentido contrario estaría contraviniendo uno de los principios básicos de la democracia que es la existencia de garantías suficientes para la supervivencia y el mantenimiento de una prensa libre e independiente. Este es el espíritu que subyace, también, en el nuevo Reglamento Europeo de Libertad de Medios (a pesar de su desafortunada redacción).

Pronto veremos si, finalmente, el plan presentado nos llevará a la regeneración o a la degeneración de nuestra democracia.

Isabel Serrano Maílloes profesora titular de Derecho a la Información de la UCM.