Queridos lectores, este artículo va a centrarse hoy en una de las grandes falsedades que de forma periódica difunden a los cuatro vientos la izquierda y la extrema izquierda para movilizar a sus bases y embaucar a los desinformados: la de la privatización sanitaria. El pasado domingo fue la última vez que lo hicieron, sin ir más lejos, con una marcha jaleada por los artistas de siempre en Madrid. Otra más. No, en España no ha habido privatización sanitaria alguna. Ni en la capital, ni en ninguna otra parte, porque gestionar con reglas de derecho privado un servicio público no es privatizarlo, sino llevar sus riendas de una manera mucho más eficiente y, desde luego, ajena a leyes anacrónicas que condenan a los sanitarios a ser funcionarios y a los sufridos pacientes a padecer listas de espera que deberían llevar a la dimisión a las autoridades que las consienten.

Esta gestión privada de los servicios sanitarios públicos tuvo su génesis en Cataluña, en donde nadie dice que se haya privatizado nada, y no implica que los enfermos tengan que abonar cantidad extra alguna, porque ya lo hacen a través de sus impuestos. Bastante les exprimen ya sus bolsillos la izquierda y la extrema izquierda como para que encima se gestione mal con lo que se les esquilma, que es exactamente lo que ocurre con la gestión pública de los servicios públicos. Una gestión anacrónica e ineficiente, repito, como acredita cualquier experto independiente. La ley 15/1997 dio carta de naturaleza a esa experiencia innovadora catalana en toda España. Se impulsó por el Gobierno de José María Aznar, sí, cuando José Manuel Romay era ministro de Sanidad y un joven Alberto Núñez Feijóo comandaba el entonces mastodóntico y hoy extinto Insalud. Los dos últimos se dieron pronto cuenta de que la gestión pública de la sanidad pública era un pozo de ineficiencias. Para remediarlo, idearon una norma y fruto de un laborioso diálogo, lograron el apoyo de CiU y el PNV, y de un PSOE que entonces era un partido serio y con responsabilidad de Estado.

Ángeles Amador, ex ministra y portavoz sanitaria entonces de los socialistas en el Congreso, dio una lección de honradez y comandó el respaldo de su partido a este texto. El mismo que ahora sataniza la ultraizquierda con la aquiescencia de una formación que se sigue llamando socialista pero que está a años luz de la que era entonces. Transcurrido este tiempo, puede colegirse que dicha ley es perfeccionable, pero de ahí a derogarla va un mundo: el del sectarismo. La ministra Mónica García, que es parte de la cuota que un partido en franco camino hacia la desintegración ha impuesto a Pedro Sánchez a cambio de su apoyo, lidera este movimiento involucionista. En los seis meses que lleva, no ha tomado medida alguna para mejorar el sistema sanitario público. Ni una, pero se permite el lujo de participar en manifestaciones exigiendo medidas a los demás. Hay que tener rostro. Para que se den cuenta de cómo está la sanidad española bastan un par de datos en poder del propio Ministerio que ella comanda. Cuando Sánchez llegó al poder, a mediados de 2018, en España había 584.018 enfermos en espera de una operación. Seis años después, la cifra es de 849.535. Si todo lo que se le ocurre a la ministra es recortar la participación de la gestión privada en el sistema público, lo mejor que puede hacer es irse ya.