También hay vida sin televisión pública

Charles Louis de Secondat (1689-1755), barón de Montesquieu, el de la separación de poderes que tanto molesta a los autoritarios de izquierdas y de derechas, explicaba que «una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa». El Gobierno de Pedro Sánchez, que sí sabe quien fue Montesquieu aunque quizá no le convence demasiado, usa y abusa de los Decretos-Ley, que al final son leyes, y pretende así –sin grandes garantías– que sus decisiones y sus políticas sean justas. Ahora acaba de sacarse de la chistera una norma que le permitirá controlar a su antojo RTVE, la televisión pública. Esgrime que será más plural que nunca, porque habrá más partidos políticos que nunca en su consejo de administración, pero eso no garantiza su cacareado –y discutible– servicio público y tampoco significa que haya algo de justo en la disposición. Sánchez y su Gobierno distan de ser originales y pioneros. Uno tras otro, los sucesivos Gobiernos, del PSOE y del PP, con pocas distinciones han intentado controlar RTVE y, sí –hay que decirlo– utilizarla. Los socialistas han solido tener más éxito en el empeño que los populares, pero eso no deja de ser una anécdota, relevante, pero anécdota. Ahora, la decisión del PSOE aboca, de forma indefectible, a que si en el futuro gobiernan los populares, den la vuelta a la tortilla y hagan lo mismo, y donde dentro de unas semana puedan estar Bildu, en el futuro sean reemplazados por Vox o por quién sabe que ofrezca sus votos. Todo oculta un problema de fondo, que suele ser tabú incluso mencionarlo. ¿Por qué es necesaria una televisión pública, ya sea estatal o autonómica?, al margen de que sea una máquina de dilapidar dinero y generar clientelismo, sobre todo laboral. Es un debate que genera urticaria y del que todos huyen. Es posible que pueda ser un servicio público la difusión y defensa de la cultura –incluidas las diferentes lenguas–, pero poco más. Ni los concursos, ni los espectáculos, ni tan siquiera los informativos son servicios públicos obvios, sobre todo si son partidistas y sin que eso signifique cuestionar a los profesionales que están al frente de ellos, sin entrar en matices. Sí, hay una nueva ley, a imagen y semejanza de Sánchez y compañía, pero eso no significa que sea justa, como enseñó Montesquieu.