La tragedia de Melilla que puede repetirse

El drama de la inmigración irregular es una constante en un primer mundo que no encuentra respuestas ni salidas a esos flujos desesperados de miles y miles de personas porque probablemente no las haya. Llevamos décadas asistiendo en diversos escenarios a una conducta tan humana como es la búsqueda de un futuro lejos de la guerra, la miseria y la muerte. El instinto de supervivencia es un catalizador de emociones e impulsos que provocan que las personas lo arriesguen todo. España es una de las fronteras que las mafias de la inmigración, que explotan la angustia, pugnan por derribar hasta sacrificar a esos cargamentos de la trata. Hace un año ya de la tragedia de Melilla. Aquel día cientos de personas asaltaron la frontera para entrar en la ciudad autónoma con un balance desolador de 37 fallecidos y 77 desaparecidos. Las imágenes de decenas de cuerpos amontonados en condiciones lamentables dieron la vuelta al mundo. La catástrofe humanitaria se convirtió en una crisis política, que embistió de pleno contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y especialmente contra la figura del ministro Fernando Grande-Marlaska, que ha seguido en su puesto hasta el final de la legislatura. Abrió otra brecha en la coalición en el poder, aunque en la vertiente diplomática el pacto de hierro entre Moncloa y Rabat se mantuvo firme. En diciembre de 2022, la Fiscalía archivó la investigación al no apreciar delito alguno. El propósito de la parte socialista de la administración ha sido dar carpetazo y pasar página a un asunto plagado de sombras, en el que hay más preguntas sin responder de las que debiera en una democracia. El argumento de Marlaska se ha ceñido a que no hubo fallecidos en territorio español ni se desatendió a los heridos. Pero esa explicación no ha convencido a las organizaciones internacionales de derechos humanos ni a la mayoría de grupos políticos del arco parlamentario nacional y europeo. De hecho, hace unas horas, Amnistía Internacional (AI) ha criticado con dureza a los gobiernos español y marroquí por perpetuar «la impunidad y el oscurantismo» mediante «la ausencia de investigaciones». En este punto, hay que recordar el veto socialista a una comisión parlamentaria, que prosperó gracias a los votos populares. AI ha elevado el cómputo del siniestro a cien fallecidos y decenas de desaparecidos abandonados a su suerte y víctimas de un maltrato feroz en el país vecino. Doce meses después la sensación es que el Gobierno, de la mano del aliado marroquí, se ha interesado sobre todo por enterrar una desgracia que le ha colocado el cartel de sospechoso. Hoy, los cadáveres de la inmigración se siguen contando por miles y los mandatarios blanden la corrección política para calmar conciencias, sin mayores intervenciones en apoyo a los países de origen ni lucha sin cuartel contra las mafias esclavistas ni una regulación eficiente y realista. Mientras, 1.800 subsaharianos aguardan para saltar la valla de Melilla y una neumática con decenas de personas zozobra en la ruta canaria entre una pasividad realmente inasumible.