El respeto a los tribunales

La declaración como imputado del presidente de la Generalidad de Cataluña ha constituido, sin la menor duda, un acontecimiento relevante. La imputación es un gravamen, que supone una situación incómoda para la persona que debe comparecer, en este caso, el más alto representante de la Ley en la Comunidad catalana.

No comparto la posición de quienes afirman que la imputación es un medio de defensa que nada conlleva para el prestigio del compareciente. Por el contrario, creo que el hecho de verse abocado a un interrogatorio, en presencia de un juez y un fiscal, constituye una carga que todo ciudadano debe asumir, en caso necesario, como establece el artículo 118 de nuestra Carta Magna. Pero dicha declaración no es un premio, ni un momento de regocijo familiar. Por ello, nuestro código procesal dice que la declaración del imputado durará el menor tiempo posible, procurándose que no pierda la calma (artículo 393). Asimismo, el Código Penal considera como una atenuante la duración excesiva del proceso, por el impacto que tal situación conlleva para el imputado (artículo 21.6).

Ahora bien, aun siendo ello así, el hecho de manifestarse ante el Palacio de Justicia de Barcelona para expresar el desacuerdo con la imputación de un gobernante, y por tanto, con la actuación del más alto Tribunal de Justicia de Cataluña, es un acto que, aun sin alcanzar una dimensión delictiva, representa un intento de frontal deslegitimación de la Justicia. Más aún, cuando entre quienes allí se encontraban, podía verse a las autoridades encargadas de asegurar el respeto a las instituciones.

En un Estado de Derecho, no es más democrático un Parlamento que un Tribunal. Sin ley, tanto uno como otro pasan a ser ilegítimos. La elección, por aplastante mayoría, de los dirigentes de la Unión Soviética nunca fue democrática. Los revolucionarios franceses se apoyaban en la mayoría de la Convención, hasta que se volvieron incómodos, y los condenó a muerte la misma mayoría con la que gobernaban.

Lo que ocurre es que la democracia no consiste solamente en votar y en ser elegido. Puede darse, y así ha ocurrido en la historia con frecuencia, que el modo de selección de los cargos públicos sea electivo y, sin embargo, la libertad y la justicia brillen por su ausencia. La regla de la mayoría es el mejor criterio de gobierno, siempre y cuando la minoría pueda esperar, con fundamento, que los principios básicos de la sociedad política serán respetados.

La mayoría sólo debe gobernar cuando los ciudadanos lo permiten, y ello sólo puede ocurrir cuando los elegidos gobiernan respetando los valores compartidos, reconocidos por la comunidad internacional. El sistema electoral, para ser genuinamente democrático, requiere normas claras, que regulen el modo de expresar la voluntad de los ciudadanos, al tiempo que determinan cómo han de interpretarse los resultados, y qué consecuencias políticas deben tener.

Se da la paradoja de que los mismos que pretenden deslegitimar la Constitución por una supuesta falta de libertad de los electores de 1978 proclaman la ausencia de sesgo de un planteamiento referendario, carente de normas que lo interpreten. Los mismos que consideran que el pueblo debe manifestarse ante los órganos institucionales, para hacer valer una supuesta voluntad general, son quienes niegan legitimidad a aquellas autoridades, a las cuales la sociedad, por medio de la Ley, ha conferido el mandato de hacerla cumplir.

La respuesta del Estado de Derecho ante quienes intentan deslegitimar las instituciones no puede ser otra que la Ley. Pero la Ley no es un mero deseo, ni una expectativa. La Ley no es una recomendación, ni una propuesta más o menos plausible, ni una reflexión acertada, ni una expectativa sociológica. La Ley es un mandato que los gobernantes tienen que cumplir, porque para ello están en las instituciones. La negociación política es la razón de ser de los partidos, y el debate es tarea de la sociedad civil. Pero lo genuino del gobernante democrático es cumplir y hacer cumplir la Ley. Cuando un gobierno, nacional o autonómico, deja de estar en condiciones de garantizar el respeto a las instituciones, sólo se abren dos alternativas: o cambia dicho gobierno o la Ley deja de existir. El problema es que si la Ley deja de gobernarnos, asumirán su función otras realidades sociales, que son incapaces de sostener los valores que permiten la convivencia.