Las debilidades de la prensa

Publica la revista «Cuadernos de periodistas», que edita la Asociación de la Prensa de Madrid, el informe que realizó a finales del pasado año el juez británico Lord Leveson a raíz del denominado «caso Murdoch», sobre las escuchas que realizaron diversos medios del grupo del magnate de la comunicación y que estalló en 2011. Este caso, que supuso un punto de inflexión tanto político como periodístico, arrancó cuando se supo que el tabloide «News of the World» había mantenido intervenido el buzón de voz del teléfono de Milly Dowler, una niña desaparecida y asesinada posteriormente. Más tarde también se destapó que habían llevado a cabo escuchas a políticos y famosos.

Si bien es cierto que los responsables de las escuchas, un periodista y un investigador, ingresaron en prisión, el caso trascendió más allá y cuestionó los métodos de trabajo de cierto tipo de prensa del Reino Unido. Tanto fue así, que el primer ministro británico, David Cameron, pidió un informe sobre la prensa británica al juez Leveson para paliar el asunto. El informe se dio a conocer hace unos meses y ahora se publica íntegramente en nuestro idioma, lo que nos permite ver una radiografía que muestra los entresijos de cierto tipo de prácticas periodísticas que llevan a cabo muchos medios de comunicación.

Así, una lectura detallada del documento nos regala frases como ésta: «Basándome en todos los testimonios que he escuchado, no tengo duda de que en mayor o menor medida en un amplio número de periódicos ha existido la insensatez de priorizar historias sensacionalistas, casi sin tener en cuenta el daño que podían causar ni los derechos de aquellos a los que afectaban (probablemente de una manera que nunca podrá ser remediada), y todo el tiempo descuidando el interés público».

En relación al acoso a que se ven sometidos determinados personajes públicos, el juez Leveson dice: «Hay abundantes pruebas de que una parte de la prensa ha dado por sentado que los actores, los futbolistas, los escritores, los cantantes son un objetivo, una propiedad pública con poco, si quiera algún, derecho a una vida privada o respeto por su dignidad, tanto si hay o no un interés público real por conocer cómo viven sus vidas. Sus familias, incluidos sus hijos, son perseguidos y se destruyen momentos personales importantes».

Sobre las revelaciones que muchos medios sacan a la luz, el informe asegura que «se ha publicado información privada sin consentimiento y, de nuevo, sin que esté claro el interés público en ello: muchas de esas historias no causarán daño ni angustia y nadie se quejará, pero otras sí lo harán».

A partir de estas premisas, el juez elabora una extensa serie de recomendaciones que pasan fundamentalmente por establecer un régimen de autorregulación independiente, en forma de organismo capaz de establecer un código de conducta y requisitos de gobernanza, que pueda establecer sanciones, que tenga un sello que puedan usar sus miembros como marca de reconocimiento de un periodismo de confianza. También se insiste en que dicho organismo esté abierto a todos los medios y en que sea capaz de proteger a los propios periodistas, especialmente a aquellos que estén dispuestos a denunciar una mala praxis.

Aunque este informe se refiere a la prensa británica a raíz de una serie de sucesos concretos, ¿acaso no valdrían las mismas acusaciones y las mismas recomendaciones para la prensa española?