Segundos Pactos de la Moncloa

España figura actualmente, dentro de la UE, en una situación aparentemente más favorable que el promedio de los Estados miembros, por su mayor crecimiento del PIB (3,2 en 2015). Sin embargo, registra problemas de déficit público y de endeudamiento, que no son precisamente la forma de garantizar que la recuperación autosostenida continuará a un alto nivel.

Por ello, resulta necesario proseguir con políticas que acepten la disciplina presupuestaria, con base en los términos de la Unión Fiscal de la UE –por la que se enmendó el ahora incumplido artículo 135 de la Constitución Española–, y que se busque una mayor eficiencia en la Administración. Para lo cual, será preciso que después del 26 de junio, el Gobierno que resulte, convoque unos Segundos Pactos de La Moncloa, con actualizaciones fundamentales respecto a lo que fueron los de 1977. En los que pude intervenir con cierto nivel de actividad, por lo que modestamente ofrezco aquí un esbozo de lo que podría tratarse y negociarse en los muy próximos tiempos por todo el arco parlamentario, a propuesta del Gobierno de la nueva legislatura.

En materia de reformas de necesaria continuación, la primera es la del mercado laboral, para hacerlo aún más flexible, y con la progresiva emergencia del gran volumen de trabajo actualmente oculto, conservando el nuevo espíritu de negociación salarial preferentemente a nivel de empresa. Además, es precisa una política de atención a los parados de larga duración: estimulando su retorno al mercado de trabajo, y no precisamente facilitando la desocupación persistente; con propuestas como las de CC OO y UGT, de rentas mínimas aseguradas.

El tema de la pobreza creo que debe estudiarse, sin más esperas, por una comisión ad hoc. Con antropólogos y sociólogos incluidos, para determinar con seguridad los modos de ir redimiendo lo que es una vergüenza para un país de democracia avanzada. Y la solución está a la vista: mayor actividad económica merced a la emergencia de nuevas empresas.

Por otro lado, es preciso garantizar la unidad de mercado, muy deteriorada hoy por la acción de los entes autonómicos; que tienden a configurarse, en éste y en aspectos, en auténticos estados dentro del Estado. Se hace indispensable, además, un nuevo sistema de financiación de las CC AA, más sencillo y operativo que el ya obsoleto de 2009. Previendo que los fondos recibidos del Estado en las comunidades serán para servicios públicos y bienestar social; y no para resolver cuestiones como menor desarrollo relativo, dispersión de la población, bilingüismo, etc. que tienen que buscar otros cauces. Indispensable encargo al Pacto de Toledo ha de ser el tema de las pensiones. A fin de encontrar nuevas modalidades de financiación de las mismas; al tiempo que es importante tener una política de población que vaya en contra del ya previsible y denominado suicidio demográfico de España.

En la idea de la máxima internacionalización de la economía española, es preciso reorganizar el servicio exterior (embajadas, consulados, oficinas de comercio, ICEX, etc.), para hacer más funcionales todos esos organismos; con políticas efectivas en los diversos mercados, y sobre todo en el área extra-UE, especialmente en los países emergentes. Y en contra de la general ignorancia del tema, resulta ineluctable programar a escala nacional el Acuerdo de París sobre el Clima. Para preparar un verdadero plan a medio y largo plazo a fin de prescindir de los combustibles fósiles, con la aplicación integral progresiva de las energías renovables. Y con vehículos eléctricos y la renovación de los sistemas urbanos. Un programa de reindustrialización también es más que conveniente. En la idea de máxima internacionalización, con desarrollos tecnológicos en sectores en rápido crecimiento como el agroalimentario, textil-confección, automóvil, etc.; aprovechando, adicionalmente, las posibilidades que ofrecen los puertos españoles para nuevas iniciativas industrial-logísticas. La necesidad de una reforma de la Administración General del Estado es perentoria, incluyendo la de las CC AA y los ayuntamientos (ahora, algo más de 8.000), para reducir drásticamente su número y asegurar un tamaño medio adecuado en la ordenación del territorio nacional.

Y dentro de esa reforma de la Administración y de sus organismos, hay que reconsiderar la posibilidad de una gestión común por las diecisiete autonomías y aprovechando las economías de escala. Cabe mencionar un común Instituto de Sanidad Pública, así como un servicio conjunto para el medio ambiente. En lo relativo a fiscalidad, siempre se habla de la necesidad de un nuevo régimen tributario. Cuando la verdad es que lo necesario es estar atentos a los cambios económicos que precisen de perfilar las tarifas más adecuadas. Siempre con el criterio de un déficit lo más bajo posible y una deuda pública en franca regresión.

Cuestiones de educación: deberían enfocarse a medio y largo plazo, a la luz del artículo 27 de la Constitución, y a fin de lograr un pacto duradero en las Cortes Generales. Análogamente a lo necesario en el I+D+i.

En suma, cabe decir que el Gobierno que salga de las urnas el 26-J ha de tener un proyecto de país para negociar unos segundos Pactos de La Moncloa, en las nuevas circunstancias actuales. Unos pactos que no pueden limitarse a pastorear malamente la nación, atendiendo además a la inevitable globalización. No se trata, pues, sólo de algunos retoques por el Gobierno que malamente pueda originarse con tantas y complicadas posibilidades de encaje interpartidista. Se trata de poner el país a la altura de las exigencias de la ciudadanía y de las grandes potencialidades que tenemos, que hoy se pierden, en gran parte, en medio de decisiones improvisadas y corrupciones ubicuas.